Los jefes de prensa de la Fiscalía afirman que no tuvieron acceso al correo de la pareja de Ayuso
Los jefes de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Madrid comparecieron este martes ante el Tribunal Supremo para declarar como testigos en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Ambos negaron haber tenido acceso al correo electrónico cuya filtración se investiga y que desmontaba un bulo sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En ese correo, el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto para evitar la prisión.
Mar Hedo, directora de comunicación de la Fiscalía General, e Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, declararon que la tarde del 13 de marzo, varias horas antes de que los correos electrónicos llegaran a la Fiscalía General, recibieron llamadas de periodistas interesados en las conversaciones entre el abogado de González Amador y el Ministerio Público. Según los testigos, los periodistas habrían obtenido información directamente del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien ya había sugerido la posibilidad de un pacto.
La investigación reveló que Álvaro García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil en octubre, tras la apertura de la causa, siguiendo un protocolo de protección de datos. Además, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que no se encontraron mensajes en su dispositivo correspondientes a las fechas clave (8-14 de marzo). Por su parte, Mar Hedo también declaró haber cambiado de móvil y afirmó no conservar copias de seguridad del anterior dispositivo.
El abogado de la pareja de Ayuso solicitó al juez Ángel Hurtado que ordenara el análisis del actual teléfono móvil de Hedo, pero el magistrado rechazó la petición y mantuvo a la directora de comunicación como testigo en el caso.
La nota de prensa en el foco
Uno de los puntos clave del interrogatorio fue la redacción y difusión de la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo, en la que se detallaban las negociaciones entre el fiscal Julián Salto y la defensa de González Amador. Según Hedo, elaboró la nota basándose únicamente en indicaciones verbales de García Ortiz y negó haber tenido acceso directo al expediente o a los correos intercambiados entre las partes.
Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, señaló que inicialmente se opuso a distribuir la nota entre los medios, pero finalmente lo hizo por lealtad a su superior, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid.
El vínculo con Moncloa
Durante su declaración, Hedo fue cuestionada sobre posibles conexiones entre la Fiscalía y el Gobierno, especialmente tras conocerse que el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, registró ante notario conversaciones con una asesora de La Moncloa que recibió el correo filtrado la mañana del 14 de marzo. Las preguntas se centraron en la relación de Hedo con figuras de Moncloa, como Óscar López (entonces jefe de gabinete del presidente del Ejecutivo) y otros exasesores de Pedro Sánchez, dado que Hedo había trabajado previamente como asesora de Comunicación de la Presidencia del Gobierno.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declaró previamente que difundió la información sobre el correo la noche del 13 de marzo, después de que los medios ya la hubieran publicado. Sin embargo, esta versión contrasta con lo señalado por los jefes de comunicación de la Fiscalía, quienes afirmaron que las consultas de los periodistas comenzaron mucho antes.
Actualmente, en la causa están imputados el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe; y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El juez Ángel Hurtado continúa investigando un posible delito de revelación de secretos por parte de funcionarios públicos, previsto en el artículo 417 del Código Penal.
El caso ha generado tensiones no solo dentro de la Fiscalía, sino también en el ámbito político, dado que implica a altos cargos del Ministerio Público y a figuras cercanas al Ejecutivo. La investigación avanza en medio de interrogatorios clave y el análisis de posibles conexiones entre la filtración del correo, Moncloa y la defensa de González Amador. Las declaraciones de testigos y acusados serán determinantes para esclarecer si se produjo la revelación de información confidencial y qué consecuencias tendrá para los implicados. @mundiario
