El juez pide ayuda a Google y WhatsApp para recuperar los mensajes del fiscal general
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, encargado de instruir la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos, ha solicitado nuevas diligencias para profundizar en la investigación. Entre estas medidas, Hurtado ha ordenado la emisión de una comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp LLC y Google para recuperar información vinculada a las comunicaciones del fiscal general.
La investigación se centra en mensajes enviados y recibidos entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que supuestamente se filtró información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal en el que está imputado el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado ha solicitado a WhatsApp LLC los mensajes de chat, copias de seguridad y registros de las comunicaciones de García Ortiz, incluyendo detalles como remitentes, destinatarios, fechas y horas. Asimismo, ha requerido a Google los datos asociados a las cuentas vinculadas al fiscal general, incluidas las copias de seguridad de aplicaciones, archivos multimedia y registros de actividad. Según la información proporcionada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estas plataformas podrían albergar copias de seguridad que facilitarían la recuperación de mensajes eliminados.
La investigación se centra en aclarar si García Ortiz participó en la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En dicho correo, se reconocía la comisión de dos fraudes fiscales y se ofrecía un pacto con la Fiscalía para evitar la prisión.
El cambio de teléfono móvil, bajo sospecha
La UCO ha informado al juez de que García Ortiz cambió de dispositivo móvil durante el curso de la investigación y borró el contenido del teléfono anterior, siguiendo, según fuentes fiscales, un protocolo de protección de datos de la Fiscalía. Esta acción ha generado sospechas, ya que el formateo pudo haber dificultado el acceso a información relevante.
Anteriormente, el juez había solicitado a las operadoras Movistar y Vodafone los paquetes de datos emitidos y recibidos por los teléfonos del fiscal, pero la UCO aclaró que las compañías telefónicas no almacenan mensajes de aplicaciones como WhatsApp.
Los agentes también identificaron mensajes relevantes en el dispositivo de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid e investigada en la misma causa. Estos mensajes, enviados el 13 de marzo de 2024, habrían sido intercambiados con García Ortiz y otros miembros de la Fiscalía, lo que refuerza la hipótesis de que las filtraciones podrían haberse producido a través de esta vía.
El juez Hurtado ha autorizado a la UCO a realizar una copia de trabajo del volcado de información que ya se obtuvo del móvil de García Ortiz durante el registro de su despacho el 30 de octubre. Además, los agentes están facultados para intentar acceder a las aplicaciones de mensajería y analizar toda la información correspondiente al periodo clave de la investigación. También se les ha autorizado a conectarse a repositorios de información que puedan contener archivos relevantes para la causa.
Declaraciones clave en el proceso
La decisión del juez se produce un día antes de las declaraciones de dos testigos importantes: Mar Hedo, directora de comunicación de la Fiscalía General, e Íñigo Corral, responsable de comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid. Estas comparecencias, programadas para este martes, son las últimas antes de los interrogatorios a los tres investigados. García Ortiz está citado el próximo 29 de enero, seguido de Pilar Rodríguez el 30 de enero y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, el 5 de febrero.
La causa contra García Ortiz ha generado gran interés público debido a su implicación en un caso que involucra figuras de alto perfil, como la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La supuesta filtración de información confidencial, además de ser un delito grave, ha puesto en el centro del debate la transparencia y la confianza en la Fiscalía General del Estado.
La investigación busca determinar si el fiscal general, junto a otros cargos de la Fiscalía, participaron activamente en la divulgación indebida de información protegida. De confirmarse las acusaciones de la Guardia Civil, las consecuencias podrían ser significativas, no solo para García Ortiz, sino también para la credibilidad de la institución que encabeza. @mundiario
