El PP exige la dimisión del fiscal general tras su citación mientras el Gobierno cierra filas
El Tribunal Supremo ha citado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para declarar el próximo 29 de enero como imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión, derivada de la presunta filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desatado una ola de reacciones políticas. Los partidos de la oposición, encabezados por el Partido Popular (PP), han intensificado su presión para exigir la dimisión inmediata de García Ortiz.
Desde el PP, su portavoz en el Senado, Alicia García, ha calificado la situación de “insostenible” y ha señalado que la imputación del fiscal general, sumada a otros “escándalos”, representa un motivo suficiente para que renuncie a su cargo. Desde Génova califican de “inaceptable” que, en un Estado de derecho el máximo responsable del Ministerio Público permanezca en el puesto mientras es investigado por el más alto tribunal.
En redes sociales, Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, denunció que “el sanchismo continúa erosionando nuestra democracia para sobrevivir políticamente” y acusó al Gobierno de querer “máximos poderes con mínimos controles, tampoco el de la Ley”. Paralelamente, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Yolanda Ibarrola, ha insistido en que García Ortiz debe fijar una fecha para su comparecencia en la Cámara Alta y rendir cuentas sobre su gestión al frente de la Fiscalía.
Por su parte, desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández ha criticado que la situación del fiscal general refleja un claro caso de “lawfare”, o guerra judicial. Fernández acusó al PSOE de “estar a por uvas” y de legitimar un sistema judicial que, según él, beneficia a la derecha. “Es gravísimo que un juez del Supremo llame a declarar al fiscal general del Estado e impute a su mano derecha y que para el PSOE el problema sea la acusación popular. Es lo que tiene entregar los jueces a la derecha y a la ultraderecha”, declaró el líder de la formación morada.
El Gobierno refrenda su “absoluta confianza” en García Ortiz
Desde Vox, el líder del partido, Santiago Abascal, ha señalado directamente a Moncloa como responsable de la filtración que dio origen a la investigación. “No me sorprende pensar que lo que hace el fiscal general tiene un señor ‘X’, que es (Pedro) Sánchez”, afirmó el líder del partido de ultraderecha, insinuando que el Gobierno está detrás de estas acciones. También apuntó a otros casos judiciales relacionados con familiares del presidente del Ejecutivo como muestra de lo que considera un “entramado de poder”.
El Gobierno, por su parte, ha expresado su “absoluta confianza” en García Ortiz, subrayando que se trata de una maniobra política para desacreditar al fiscal general. Según fuentes del Ejecutivo, “se persigue al que persigue el delito”, en un intento por desviar el foco a la pareja de Ayuso en lugar del fiscal general.
Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, su portavoz Ernest Urtasun ha alertado sobre el peligro de que cargos públicos puedan difundir información falsa sin consecuencias, mientras defendió la necesidad de proteger las instituciones de ataques basados en bulos.
La polémica llega en un momento de alta tensión política, con acusaciones cruzadas entre partidos y una creciente desconfianza hacia el sistema judicial. El desenlace de este caso podría tener profundas implicaciones, tanto en el ámbito judicial como en la ya polarizada política española. @mundiario
