Francia condena a sus jefes de Estado corruptos, España ni los procesa
La nueva fase de las trapacerías del rey honorifico con respecto a sus obligaciones como ciudadano en el ámbito tributario ha venido a coincidir en el tiempo con una segunda sentencia que se emite en la República Francesa contra un expresidente; es decir, contra un jefe del Estado, por la comisión de delitos comunes, lo que nos sitúa no ya ante el viejo debate de la ejemplaridad que se espera en el primer empleado público de una nación, sino sobre la igualdad del alcance de la Ley ordinaria sin privilegios, excepciones ni inviolabilidades se sea quien se sea o se haya sido. Esa es la cuestión.
El Tribunal Correccional de París condenó en 2011 al expresidente de Francia, Jacques Chirac, a dos años de prisión exentos de cumplimiento por malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida. Siendo alcalde de París, Chirac creó 21 empleos ficticios en la Alcaldía entre 1990 y 1995 en favor de sus intereses electorales al frente del partido PRP, con el que se presentó a las Presidenciales. El otro expediente se refería a la creación de otros siete puestos de trabajo falso. Conviene anotar que sus responsabilidades de una etapa política anterior a la presidencia lo alcanzaron una vez dejado ésta.
Y ahora, siguiendo la senda penal de su mentor, el expresidente Nicolás Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012, ha sido declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias y condenado sin miramientos a una pena de tres años de prisión, de los que solo tendrá que cumplir uno, y podrá hacerlo bajo vigilancia domiciliaria. Su carrera política, aunque recurra, se da por acabada. El tribunal reprochó a Sarkozy que “hubiese utilizado su estatuto de antiguo presidente de la República y las relaciones políticas y diplomáticas que tejió cuando estaba en ejercicio para gratificar a un magistrado que había servido a su interés personal”. También es grave, según los jueces, que quien cometió los hechos en cuestión fuese alguien que, cuando ocupó la jefatura del Estado, era “el garante de la independencia de la Justicia”.
Comparación inevitable con Juan Carlos I
Resulta inevitable que ambos casos se comparen con la situación del rey honorífico Juan Carlos I y el modo en que se pretende dejarlo totalmente al pairo de las consecuencias que la conducta como la suya que, de haber sido cometida por cualquier otro ciudadano, habría supuesto responsabilidades de las que va escapando, al menos por ahora. Lo que resulta todavía más indignante porque todavía en la Navidad de 2013, poco antes de abdicar, predicaba a los españoles la necesidad de ejemplaridad, precisamente por parte de quienes como él ejercían responsabilidades públicas. En este caso, el manto protector de la irresponsabilidad de sus actos se diluye y confunde con el propio alcance de aquel con la que se deriva de la conducta privada no ya ejemplar, sino simplemente normal y decente.
Juan Carlos, Chirac y Sarcozy. / Mundiario.
Ha sido muy inteligente, por parte de los amigos, abogados, turiferarios y edecanes de Juan Carlos I elegir un momento coyunturalmente favorable a un recuerdo positivo, pese a las dudas sobre la parte oculta del episodio del 23-F y su verdadero alcance, para lanzar la noticia de una nueva regulación de las deudas fiscales del honorífico, sin duda para aprovechar el ambiente y ocultar los efectos reales de tal operación. Pero ello no evita algunas preguntas: ¿Cuál es el alcance real de los ingresos que Juan Carlos I recibió a lo largo de estos últimos años de los que no tuvo conocimiento la Hacienda Pública y hasta qué punto lo deja al resguardo de las indagaciones y responsabilidades penales de su conducta? Todavía en su mensaje de Navidad de 2013, el último que dirigiera a la nación, afirmaba cosas como éstas:
“Es indiscutible que la crisis económica que sufre España ha provocado desaliento en los ciudadanos, y que la dificultad para alcanzar soluciones rápidas, así como los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública, han afectado al prestigio de la política y de las instituciones. Sé que la sociedad española reclama hoy un profundo cambio de actitud y un compromiso ético en todos los ámbitos de la vida política, económica y social que satisfaga las exigencias imprescindibles en una democracia[…] Realismo para reconocer que la salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes, ya que todos somos corresponsables del devenir colectivo”.
De ahí que sea especialmente indignante su conducta, que ahora se pretende paliar de modo tan amoral como cuando se produjeron. En medio de la confusión creciente, las noticias se suceden en aluvión de modo que los españoles pasamos del asombro a la perplejidad más absoluta, en la medida que se conoce la justificación de los sucesivos apaños.
Ahora resulta que el regalo de los 100 millones del rey Abdalá a Juan Carlos I fue un presente por el diálogo interreligioso. El rey honorífico ordenó desde el palacio de la Zarzuela, a su letrado suizo, Dante Canónica, la creación de estructura financiera para recibir la donación saudí. Y lo hizo. Ahora resulta que los 65 millones que el exrey regaló a su amante Corinna era una especie de dote anticipada porque pensaba casarse con ella y no emplearla como mero testaferro. Y que la fundación de Juan Carlos I movió dinero a sociedades 'offshore' de Hong Kong y Panamá. Para más inri, anduvieron por medio dos sociedades controladas por testaferros y una firma del exmarido de Corinna que recibieron varias transferencias de la fundación Zagatka por motivos desconocidos. Una especie de “ménage à trois”, financiero y de cama.
La curiosa misión de la “Fundación Zagatka"
En medio de todo esto, se confirma que la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I no será efectiva hasta que Hacienda y la Fiscalía comprueben si los 4,4 millones de euros que ha depositado el Rey emérito abarcan la totalidad de los fondos que disfrutó de forma irregular durante ejercicios no prescritos, pero hay motivos para poner en duda esa premisa. El registro bancario de la entidad utilizada por el monarca para pagar vuelos privados por todo el mundo por importe de hasta 8 millones de euros, la fundación Zagatka refleja otras salidas de dinero hacia sociedades instrumentales de Hong Kong y Panamá cuyos últimos beneficiarios ni siquiera han sido aún identificados.
Y aparece en escena el otro personaje, el primo de Don Juan Carlos, Álvaro de Orleans-Borbón, propietario de la Fundación Zagatka, que pagó vuelos privados del monarca por importe de al menos 8 millones de euros, y afirma que "el hecho de que el Rey haya regularizado su situación tributaria no significa, en absoluto, que la fundación o sus fondos fueran de su propiedad". Orleáns niega ser un mero testaferro ni ser objeto de ningún procedimiento penal en Suiza o España. El primo dice que una de las misiones de su familia, heredada de su padre, es justamente poner “voluntariamente a disposición del Rey Don Juan Carlos ayuda financiera a través de la Fundación Zagatka para la atención de gastos de viaje". O sea, como una agencia que no cobra sus servicios.
Juan Carlos I en Abu Dabi. / Mundiario
Y ante las dudas de que el mal llamado “emérito” recibió trato de favor por parte de la Agencia Tributaria, sale al paso la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado para terciar afirmando que, pese a la regularización –y porque las actuaciones de la Agencia Tributaria en este terreno son secretas— Juan Carlos I no está exento de ser procesado por presuntos delitos fiscales, siempre que la Fiscalía le hubiera comunicado ya la apertura de diligencias en su contra. Esa es la cuestión. Porque, como es evidente en este caso, la regularización pretende eludir la acusación de delito fiscal. Pero ello no oculta la irregular conducta del evasor que, antes de asumir riesgos, prefiere pagar. Y eso sin tener en cuento que el que defrauda no lo hace de un día para otro, sino que es conducta habitual, esperando no se atrapado y beneficiarse de la prescripción de sus posibles delito.
Los méritos de la fiscal general
Tras la nota de los inspectores de Hacienda ha aparecido en escena la exministra de Justicia y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien informó en el Congreso de los Diputados que las tres investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo en torno al patrimonio de Juan Carlos I provocado las dos regularizaciones fiscales presentadas por los abogados de Juan Carlos, lo que, a su juicio, “han permitido aflorar una cantidad importante" e “inimaginable de dinero" para las arcas públicas. "Estamos hablando de cinco millones y pico de euros que es de todos los españoles”, destacó con respecto a las dos regularizaciones presentadas: los 678.393,72 euros que se abonaron en diciembre para impedir una investigación penal sobre sus tarjetas opacas y los 4,4 millones de euros depositados la semana pasada con los que pretende regularizar los viajes de placer que durante años le pagó una fundación bajo sospecha.
La fiscal salió al paso de este modo a las dudas, críticas y sospechas por el modo en que la Agencia Tributaria ha examinado este caso, destacando la profesionalidad y experiencia del equipo que sigue el caso del rey honorífico. Y en ese sentido, dijo que la falta de resultados era fruto de la complejidad del proceso que precisa de la cooperación internacional y la propia presunción de inocencia del investigado, lo que se contradice con las propias decisiones que hubo de tomar en su día el Rey Felipe VI con respecto a la herencia de su padre y el mantenimiento de la asignación y funciones que le correspondían dentro de la Casa Real.
Pero, a su vez, los inspectores de Hacienda opinan que la falta de diligencia que normalmente se aplica a común de los ciudadanos, permitió al Juan Carlos disponer de margen para pagar lo defraudado y escapar a la acusación de haber cometido delito fiscal. En ese sentido, los expertos en Derecho Fiscal y Tributario coinciden en que a Juan Carlos I se le ha otorgado un tratamiento exclusivo, al permitirle una regularización “a la carta” que lo evade del ámbito penal. Entienden que, en otras democracias occidentales, tal privilegio sería inimaginable. E incluso apuntan a que la Agencia Tributaria pudo incurrir en un posible caso de prevaricación por omisión culposa, dado que vulnera el principio de que todos, sin excepciones, hemos de contribuir con nuestros ingresos al sostenimiento del Estado. En el caso de otros ciudadanos, ante evidencias como las conocidas –de las que el propio Felipe VI se apresuró a distanciarse—Hacienda debería haber procedido; es decir, notificar al interesado que estaba siendo investigado. De suyo, hay personas en la cárcel por mucho menos de lo defraudado por Juan Carlos I. Pero es que hay más: si en el transcurso de los años, no devuelve el presunto préstamo que le hicieron unos amigos para pagar a Hacienda, estaríamos ante un delito de donación simulada. Conviene recordar que, según el procedimiento ordinario, cuando la inspección fiscal alerta de un posible delito y lo comunica a la fiscalía, ambas investigaciones convergen, la primera como auxiliar de la segunda.
Infantas Cristina y Elena. / Mundiario.
Y como un nuevo episodio de una telenovela, y como si todo fuera normal, se anuncia que el rey honorífico desea regresar a España, pero no fijar aquí su domicilio fiscal, lo que obviamente, en función del tiempo que pasara en España, le libra de tributar como los ciudadanos residentes. ¿Es una broma?
Y si a este pastel le faltara una guinda: ahí está al confirmarse que, aprovechando la visita a su padre en Abu Dabi en la segunda semana de febrero, las dos hijas del rey honorífico, Elena y Cristina, aprovecharon para vacunarse contra el coronavirus, al igual que el propio rey emérito y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, mientras el resto de los españoles esperamos a que nos toque. @mundiario
