La Fiscalía rechaza que el ‘caso Montoro’ sea político y señala hechos de corrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha trazado una línea roja en el denominado caso Montoro: no permitirá que las defensas conviertan una investigación por presunta corrupción en un debate sobre motivaciones políticas. Lo hace con un escrito contundente que, más allá del pulso jurídico, revela una batalla por el relato: de un lado, quienes buscan anular el procedimiento desde la base; del otro, un Ministerio Público que afirma que todo empezó con indicios “graves”, “fortuitos” y ajenos a cualquier sesgo ideológico. La decisión final está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Tarragona, donde se dirime no solo el futuro procesal del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, sino también el significado mismo de la imparcialidad en la lucha contra la corrupción.
La tesis de Anticorrupción es inequívoca: los primeros hallazgos no surgieron de una operación política ni de una cacería al aparato de un gobierno conservador, sino de un correo electrónico encontrado por casualidad durante una entrada y registro en otra causa. Un hallazgo que apuntaba a una supuesta red de influencias y favores burocráticos, movidos —según la investigación— desde el despacho Equipo Económico, vinculado a antiguos miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ese mensaje, sostiene la Fiscalía, no necesitaba ideologías para hablar por sí solo: señalaba presuntas gestiones aceleradas, reformas a medida y un uso del “poder” para beneficiar intereses privados.
De ahí que Anticorrupción no oculte su sorpresa ante la avalancha de recursos presentados por las defensas, a las que acusa de perseguir un objetivo claro: “la nulidad total”. No por falta de pruebas, dice, sino por estrategia. Porque si la investigación se invalida desde el origen, la naturaleza de los hechos terminaría diluyéndose en una discusión formal. Y eso, según la fiscal Carmen García Cerdá, supone ignorar siete años de análisis tributario, cientos de documentos examinados y una instrucción que el juez ha llevado con “escrupuloso y exquisito comportamiento”.
Más aún: la acusación pública niega tajantemente que el magistrado buscara notoriedad o causas mediáticas. Para la Fiscalía, la investigación se ha desarrollado con el máximo respeto a las garantías, evitando “injerencias y daños colaterales”. Y si el secreto de sumario duró casi siete años, fue —asegura— por la complejidad de una trama que exigía revisar más de 200 cuentas y rastrear relaciones entre el despacho y empresas gasísticas interesadas en agilizar trámites ante la Administración.
Un debate jurídico convertido en pulso narrativo
Las defensas sostienen que aquel primer correo electrónico no debió ser utilizado, que el secreto de sumario fue abusivo y que la causa debería haberse instruido en Madrid, lugar donde se ubica el despacho investigado. Pero Anticorrupción replica punto por punto: los Mossos d’Esquadra actuaron como Policía Judicial dentro de sus competencias; las diligencias en la capital fueron realizadas por la Guardia Civil; y la documentación intervenida justificaba de sobra la reserva prolongada.
Montoro y el Equipo Económico
El despacho insiste en que Cristóbal Montoro se desvinculó de la firma en 2008, mucho antes de los hechos investigados. Sin embargo, la Fiscalía cree que la prueba acumulada muestra otra realidad: un bufete que habría capitalizado su proximidad con el exministro para ofrecer “gestiones” y “reformas” destinadas a beneficiar a grandes compañías, en detrimento del sector público.
Una de las banderas de la defensa es el último informe de la Guardia Civil, que no aprecia pagos ilícitos ni dádivas. Pero Anticorrupción señala que el análisis solo incluye 10 de las más de 200 cuentas investigadas. Según señala EL PAÍS, “ninguna conclusión puede extraerse del mismo”.
La Fiscalía quiere dejar claro que este no es un caso contra un partido ni contra un exministro por su color político. Es —siempre según su relato— un proceso por hechos que “no entienden de ideología”, porque la corrupción, si existe, se mueve en otra lógica: la de la influencia, los privilegios y la erosión de lo público. @mundiario
