El juez exonera a Montoro: sin delito en el acceso a datos fiscales, pero persiste la sombra del caso

El caso Montoro ha dado un giro significativo tras los últimos autos emitidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus. El magistrado ha considerado que Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, no incurrió en ningún delito al recibir información fiscal confidencial de políticos, empresarios y periodistas mientras dirigía el Ministerio. Esta decisión excluye, al menos por ahora, uno de los posibles frentes penales más sensibles del caso: el presunto uso indebido de datos protegidos por parte de un alto cargo del Estado.

La clave de la resolución radica en el análisis del rol institucional de Montoro. Según el juez, al ser el ministro de Hacienda la autoridad con la máxima responsabilidad sobre la Agencia Tributaria (Aeat), tenía la potestad legal para recibir comunicaciones internas sobre investigaciones en curso. Así, los correos electrónicos enviados por su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, y por el entonces director de la Aeat, Santiago Menéndez, no constituyen —a juicio del magistrado— revelación de secretos, sino parte de un flujo de información legítimo dentro del Ministerio.

Esta interpretación ha llevado al juez a rechazar la personación en la causa, como perjudicados, de figuras tan dispares como el exvicepresidente y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exfundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el actual presidente de LaLiga Javier Tebas o el periodista de Abc Javier Chicote. Todos ellos aparecían en correos enviados a Montoro con detalles sobre inspecciones fiscales y diligencias de la Aeat. Sin embargo, el juez considera que, al no haber salido esa información del entorno ministerial ni haberse utilizado con fines perjudiciales, no se produjo conducta penalmente relevante.

El razonamiento del magistrado se alinea con una visión institucional del cargo ministerial. “Si al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la Secretaría de Estado que dirige la AEAT, debemos entender que el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT”, se lee en los autos judiciales. Una visión que, no obstante, plantea interrogantes sobre los límites del acceso a datos confidenciales en el seno del Poder Ejecutivo y sobre la necesidad de una mayor claridad normativa que evite interpretaciones interesadas o excesivamente amplias.

“Daciones de cuenta” en Hacienda

Con todo, la causa no queda cerrada ni mucho menos. El foco de la investigación se mantiene sobre otra vertiente más espinosa: la supuesta red de influencias en torno al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro antes de su etapa ministerial. Empresas del sector de los gases industriales contrataron este bufete con el supuesto objetivo de obtener beneficios fiscales a través de reformas legales impulsadas por Hacienda.

El hecho de que el PSOE haya sido admitido como acusación popular —algo que el juez ha denegado a los supuestos perjudicados por el uso de datos fiscales— pone de relieve la dimensión política del caso. Aunque los correos con información sobre figuras como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el tenista Rafael Nadal o la familia Pujol no hayan derivado en responsabilidades penales para Montoro, sí dibujan un mapa de prácticas internas del poder que plantea dilemas sobre ética institucional y control de responsabilidades.

Estos correos, datados entre 2014 y 2015, incluían detalles tan delicados como investigaciones por fraude, sospechas de alzamiento de bienes o presentaciones fiscales extemporáneas. La decisión del juez de considerar estas comunicaciones como “daciones de cuenta” legítimas dentro de la jerarquía administrativa no despeja del todo la inquietud que genera que un ministro tenga conocimiento privilegiado de expedientes que afectan a rivales políticos, empresarios y periodistas sin ningún tipo de supervisión independiente.

“La información se realiza a través de correo corporativo, y es una información en la que participan exclusivamente el jefe de Gabinete y el ministro, no se comparte con terceros. Examinados los correos, no consta que hayan sido utilizados para perjudicar al titular de los datos o a tercero, simplemente nos encontramos con una transmisión de información”, subraya el juez.