Hacienda revisará las rebajas fiscales que hizo Montoro a grandes empresas
La política fiscal, cuando se tuerce, se convierte en el mejor disfraz de la corrupción. Lo que empezó como una serie de reformas tributarias supuestamente dirigidas a incentivar la economía terminó, según los jueces, beneficiando a un puñado de empresas amigas mientras deterioraba las arcas públicas. Ahora, más de una década después de la segunda etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, su heredera política, María Jesús Montero, ha abierto la caja de Pandora: el Gobierno revisará las rebajas fiscales aprobadas durante ese periodo, clave en el llamado caso Montoro, para decidir si deben ser revertidas. El gesto no es solo técnico. Es político, ético y simbólico.
La magnitud del escándalo supera ya lo anecdótico. Un exministro imputado, 27 personas investigadas, un despacho de asesoría —Equipo Económico— en el centro de la supuesta trama, y millones de euros en beneficios fiscales para empresas del sector gasista y otros sectores privilegiados. Todo esto mientras el común de los mortales —autónomos, pymes, familias trabajadoras— seguía enfrentándose a una fiscalidad implacable. Si se confirma, lo que ocurrió bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda no fue un simple trato de favor, sino una privatización encubierta del interés general en beneficio de un club selecto.
El anuncio de Montero ha sido claro en el fondo pero medido en las formas. Hacienda está analizando cada una de las normas fiscales impulsadas por Montoro que hayan podido causar una merma injustificada en los ingresos del Estado. Lo que está en juego no es solo una cifra en el balance presupuestario: es la credibilidad del sistema tributario. Porque cuando la ley se tuerce para favorecer a unos pocos, todos los demás pierden. Pierden los hospitales, las escuelas, los servicios públicos. Pierde, en definitiva, la democracia fiscal.
La ministra ha dejado entrever que no se trata de borrar todo lo hecho, sino de distinguir entre lo legítimo y lo espurio. Entre lo que se hizo en nombre del bien común y lo que se utilizó, presuntamente, para retribuir favores y asegurar puertas giratorias. En ese sentido, el gesto del Gobierno actual tiene una doble carga: por un lado, se presenta como una corrección institucional; por otro, como una enmienda moral. La pregunta que flota en el aire es incómoda pero inevitable: ¿cómo fue posible que se llegara tan lejos sin que nadie lo detuviera antes?
Una reforma fiscal al servicio de los privilegiados
De acuerdo con El País, el núcleo de la investigación judicial apunta a que desde un despacho privado se diseñaron reformas tributarias que luego se trasladaban al BOE una vez Montoro volvió al poder. Y no es un dato menor que varios de los altos cargos del ministerio formaban parte de ese mismo despacho antes de asumir sus funciones. Lo que debería haber sido una línea roja entre lo público y lo privado se convirtió, presuntamente, en una autopista de doble dirección donde el dinero hablaba más alto que la legalidad.
El daño, sin embargo, no es solo retroactivo. Muchas de esas normas siguen vigentes hoy. Y aunque Montero ha reconocido que no se podrán reclamar retroactivamente los beneficios fiscales obtenidos, sí abre la puerta a desactivar los mecanismos que los hicieron posibles. Eso podría significar una reforma en toda regla del sistema fiscal heredado de Montoro, al menos en aquellas áreas donde el interés privado se impuso al colectivo.
¿Quién vigila al que debe vigilar?
Más inquietante aún es la acusación de uso indebido de datos fiscales por parte del antiguo equipo de Hacienda. Saber cuánto gana alguien, cuánto declara y qué patrimonio oculta es información sensible, protegida, y que solo puede utilizarse con fines legales. Pero cuando quien tiene acceso a esos datos los utiliza —presuntamente— para presionar, intimidar o negociar favores, el Estado de derecho se convierte en rehén de su propio poder. Lo ha dicho con claridad la actual ministra: “¿Para qué necesita un ministro conocer los datos fiscales de determinadas personas?”.
La decisión del Gobierno de revisar el legado fiscal de Montoro llega tarde, pero es necesaria. Si las conclusiones del análisis derivan en la reversión de algunas medidas, será un acto de reparación institucional. Pero si todo se queda en un gesto sin consecuencias, estaremos ante otro capítulo del cinismo de Estado. Porque lo verdaderamente grave no es solo que se hagan leyes a medida, sino que después no pase nada. @mundiario
