El enésimo frente de Sánchez: el uso de las bases militares de EE UU en plena guerra
En medio de una creciente tensión interna por el caso Koldo y con la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya en el horizonte, el Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo foco de conflicto: sus socios parlamentarios, Sumar y Podemos, han manifestado un profundo malestar por el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) como escala operativa de EE UU en el conflicto bélico entre Israel e Irán. El asunto, lejos de ser meramente técnico o diplomático, ha desembocado en una nueva grieta política en el seno del bloque progresista, avivando el debate sobre soberanía nacional, complicidad militar y límites del acuerdo bilateral con Washington.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que el Ejército estadounidense ha desplegado aviones cisterna en ambas bases, amparado en el convenio de defensa vigente entre España y EE UU desde los años 50. Aseguró que este uso está “dentro de los límites acordados”, y trató de desdramatizar la situación. Sin embargo, su mensaje no ha calmado las aguas: tanto Sumar como Podemos han reaccionado con dureza, registrando baterías de preguntas en el Congreso y acusando al Ejecutivo de permitir el uso del territorio español para “operaciones de agresión” que podrían vulnerar el derecho internacional.
En el fondo de esta tensión subyace un desacuerdo profundo sobre la orientación de la política exterior del Gobierno. Mientras la parte socialista del Ejecutivo defiende el acuerdo estratégico con EE UU como parte del compromiso con la OTAN, sus socios de izquierda insisten en que España no debe ser cómplice de ninguna acción que pueda considerarse un ataque preventivo o represalia encubierta.
El diputado de Sumar Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha advertido que las bases “no pueden utilizarse para bombardear países ni exterminar al pueblo palestino”, aunque el foco de las tensiones se centra en la ofensiva israelí sobre instalaciones militares y nucleares del régimen de los ayatolás en todo el territorio de Irán. Santiago ha instado al Gobierno a “recuperar la soberanía” sobre Rota y Morón, rescatando una reivindicación histórica de Izquierda Unida.
Por su parte, Podemos ha elevado el tono y cuestionado si estas maniobras aéreas están relacionadas con “la asistencia militar a Israel en pleno genocidio contra la población palestina”. Ha exigido transparencia sobre la llegada de los aviones cisterna KC-135 y ha pedido que se restrinja su uso. También ha planteado si el Gobierno tenía conocimiento de estas operaciones y si supervisa su finalidad, especialmente en un contexto de creciente violencia en Oriente Próximo.
El caso Koldo, gasto en defensa y el apoyo a la OTAN
El trasfondo internacional complica aún más la situación. Según medios especializados y webs de rastreo aéreo, EE UU ha desplegado en los últimos días al menos 30 aviones de reabastecimiento en vuelo en bases de España, Reino Unido y Escocia. Estas aeronaves, clave en el apoyo logístico a cazas y bombarderos, se estarían utilizando para derribar drones iraníes en respuesta a los ataques de Israel. Mientras tanto, desde Washington se mantiene una ambigüedad estratégica: aunque el secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth, califica el despliegue de “defensivo”, el presidente Donald Trump ha lanzado amenazas directas al líder supremo iraní y su entorno, sugiriendo que una intervención directa no está descartada.
La inquietud de los socios del Gobierno se enmarca, además, en un momento políticamente muy delicado. El caso Cerdán, que ha salpicado a la cúpula socialista con acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, ha deteriorado la confianza entre el PSOE y los partidos a su izquierda. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reclamado un “reseteo” de la legislatura, y esta polémica militar añade más tensión a la ecuación.
Lo que está en juego no es sólo la gestión operativa de dos instalaciones estratégicas, sino la definición misma del papel internacional de España. El uso de las bases por parte de EE UU es legal en términos del acuerdo bilateral, pero políticamente explosivo cuando se vincula con conflictos armados en los que la opinión pública española es mayoritariamente crítica con la actuación de Israel. Además, el momento elegido —con la cumbre de la OTAN a la vuelta de la esquina y la imagen del Ejecutivo erosionada por escándalos internos— amplifica la sensibilidad del tema.
En este contexto, el Gobierno de Sánchez se ve empujado a una difícil tarea de equilibrio: mantener los compromisos internacionales sin romper con sus socios de coalición, cuya legitimidad se cimenta en valores de soberanía y oposición a las aventuras militares extranjeras. La cuestión de las bases de Rota y Morón podría convertirse en algo más que un punto de fricción: puede marcar el tono de la legislatura en materia de política exterior y defensa, y definir los límites de la convivencia dentro del Ejecutivo.
La Moncloa, por ahora, guarda silencio sobre una posible revisión del acuerdo con Washington. Pero si el clima de presión interna persiste, y el conflicto en Oriente Medio escala, no se descarta que esta controversia se convierta en una de las grandes batallas políticas del presente curso. Y con ello, se reabra el viejo debate sobre la presencia militar extranjera en territorio español, una cuestión que parecía enterrada pero que vuelve, con fuerza, al centro de la escena política. @mundiario
