El dictamen europeo de la amnistía allana la vuelta de Puigdemont: ¿vientos de cambio para Sánchez?
El Gobierno español recibió con visible alivio —e incluso euforia— las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Aunque La Moncloa esperaba un dictamen favorable, el tono inequívoco del documento superó las previsiones. El escrito despeja las dudas europeas que habían alimentado la resistencia de los tribunales españoles más reticentes a aplicar la amnistía, en especial el Tribunal Supremo.
La interpretación del abogado general, Dean Spielmann, considera que la ley no vulnera ni los intereses financieros de la UE, ni la directiva sobre terrorismo, ni responde a una “autoamnistía”, concepto central en la narrativa del PP y en las advertencias de la Comisión Europea. Su valoración resulta especialmente relevante para el expresident Carles Puigdemont: elimina un obstáculo clave relacionado con la malversación y deja a la vista un horizonte de retorno sin riesgo de detención.
Si el TJUE sigue esta línea —como ocurre en la mayoría de los casos—, el próximo paso lo tiene el Tribunal Constitucional, que resolverá el recurso de amparo del expresident en el primer trimestre de 2026. En el Gobierno estiman que esa decisión, combinada con la futura sentencia europea, podría permitir el regreso de Puigdemont antes de la primavera.
La ley de amnistía ha sido el cimiento político sobre el que se construyó la investidura de Pedro Sánchez y la legislatura. Pero también ha sido la principal fuente de desencuentros con Junts, que reprocha al Gobierno los retrasos en su aplicación y los obstáculos judiciales persistentes. Para el Ejecutivo, el dictamen europeo certifica que actuó correctamente y que la norma está blindada frente a los argumentos de la oposición.
La amnistía como pilar de la legislatura y fuente de fricciones con Junts
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, celebró el documento como una “victoria rotunda”. No es una expresión retórica: Bolaños fue el principal impulsor del texto legal y ha asumido en primera persona el coste político de defender en carne propia una medida que el PSOE rechazó durante años.
Sin embargo, en Moncloa reconocen que la amnistía, aun siendo el núcleo del conflicto con Junts, no es la única carpeta pendiente que impide recomponer la relación. Las exigencias convergen ahora en asuntos especialmente complejos:
La oficialidad del catalán en la UE, que requiere vencer reticencias —especialmente en Alemania—.
El traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat que Podemos tumbó.
Reformas penales sobre multirreincidencia u ocupación, que encuentran rechazo en el resto de la izquierda del Congreso.
Cómo el regreso de Puigdemont podría transformar las relaciones PSOE–Junts
En el Ejecutivo existe un convencimiento creciente de que, si Puigdemont vuelve a Cataluña, la dinámica política cambiará. Su liderazgo ejercido desde Bruselas ha condicionado la interlocución. Su presencia física facilitaría una relación más fluida, reuniones cara a cara con Sánchez —aún pendientes— y un funcionamiento interno más directo en Junts.
El Gobierno interpreta que un Puigdemont de vuelta podría facilitar la distensión. No implica una reconciliación automática ni asegura la aprobación de Presupuestos, pero sí abre una ventana política para dejar atrás semanas de tensión, reproches y ruptura formal del acuerdo de investidura.
Meses difíciles, pero con margen para rebajar la tensión
La jornada en el Congreso, marcada por la primera gran votación tras la ruptura con Junts, amenazaba con una derrota significativa para el Gobierno. Sin embargo, la abstención de los independentistas permitió salvar la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para ampliar la vida útil de las centrales nucleares impulsada por el PP. La combinación de esa votación y del dictamen europeo transformó un día que podría haber sido devastador en una inesperada victoria política para el Ejecutivo.
Además, el Gobierno considera que las objeciones técnicas apuntadas por el abogado general ya están resueltas por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la amnistía. Ese encaje refuerza la seguridad jurídica del proceso.
La legislatura sigue siendo complicada. Moncloa asume que habrá derrotas parlamentarias, que la aritmética es frágil y que los Presupuestos probablemente no saldrán adelante. Pero también dispone de cierto margen temporal: varias votaciones ya pactadas con Junts antes de la ruptura se mantendrán, y el largo parón de enero permitirá trabajar en silencio en las carpetas pendientes. Mientras tanto, cuatro asuntos siguen abiertos en el TJUE y se resolverán siguiendo el criterio de este primer dictamen favorable, lo que refuerza aún más la posición de La Moncloa.
El informe del abogado general del TJUE no cierra todas las heridas ni garantiza estabilidad duradera. Tampoco asegura que el Tribunal Supremo no introduzca nuevos obstáculos. Pero sí marca un punto de inflexión: respalda la constitucionalidad europea de la amnistía, despeja el camino para el regreso de Puigdemont y otorga al Gobierno un valioso capital político para iniciar una reconciliación con Junts. La amnistía nació como condición para que existiera legislatura; ahora, su validación europea se convierte en un instrumento para intentar sostenerla. @mundiario
