El abogado general de la UE desdeña el encaje de la amnistía, pero la avala para Puigdemont
El dictamen emitido este jueves por el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, ha introducido un nuevo matiz en el complejo debate sobre la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno español. En su opinión, la norma vulnera la obligación europea de garantizar una tutela judicial efectiva, pero no contraviene los pilares fundamentales del derecho de la Unión. Spielmann entiende que ciertos aspectos procesales de la ley —especialmente los plazos que imponen a los jueces resolver en un máximo de dos meses— podrían quebrantar la independencia judicial, al ser “excesivamente cortos” y, por tanto, incompatibles con el principio de autonomía judicial que protege el derecho europeo.
Sin embargo, el abogado general matiza que el propio Gobierno español ha declarado que dichos plazos tienen un carácter “meramente indicativo”, lo que, según reconoce, atenúa el conflicto con la normativa comunitaria. En el mismo sentido, Spielmann considera que la exclusión de las partes que ejercen la acción pública de la audiencia ante los jueces dificulta el “debate contradictorio” y limita el derecho a una justicia plena.
Más allá de estos reparos técnicos, el abogado general descarta que la Ley de Amnistía afecte los intereses financieros de la Unión Europea o vulnere la directiva comunitaria relativa a la lucha contra el terrorismo. De este modo, rechaza los argumentos más duros esgrimidos por la Comisión Europea durante la vista celebrada en julio, cuando su representante, el español Carlos Urraca Caviedes, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber promovido la norma como parte de un “acuerdo político” con los partidos independentistas para asegurar la investidura.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), debe pronunciarse sobre dos cuestiones prejudiciales remitidas por tribunales españoles. La primera procede del Tribunal de Cuentas, que analiza si la ley puede aplicarse a los exaltos cargos de la Generalitat, incluido Carles Puigdemont, por el presunto uso irregular de fondos públicos para sufragar las costas del procés. La segunda, de la Audiencia Nacional, examina si la amnistía puede extenderse a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por delitos de terrorismo.
Los pilares de la ley no contradicen el derecho europeo
En ambos casos, Spielmann estima que la norma no contradice el derecho de la Unión, ya que no ampara delitos que afecten directamente a los intereses financieros de la UE ni se opone a la directiva antiterrorista. En términos prácticos, su posición allana el terreno para que la amnistía pueda aplicarse también al expresidente catalán, pendiente de resoluciones judiciales que habían quedado en suspenso a la espera del pronunciamiento europeo.
El dictamen, aunque no vinculante, tiene un peso determinante: en más del 80 % de los casos, el TJUE sigue las recomendaciones del abogado general. La sentencia definitiva se espera para comienzos de 2026, pero el informe de Spielmann ya redefine el horizonte político y judicial del Gobierno.
El contexto en el que se produce esta opinión no es menor. Las relaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y Junts per Catalunya atraviesan su punto más tenso desde el inicio de la legislatura. La formación de Puigdemont ha anunciado un “bloqueo total” a la tramitación parlamentaria mientras exige la plena aplicación de la amnistía. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, calificó al presidente del Gobierno de “cínico” e “hipócrita”, acusándolo de dilatar la ejecución de una ley que considera esencial para restablecer la confianza.
El dictamen de Spielmann, en cambio, ofrece un respiro técnico al Ejecutivo. Aunque advierte de deficiencias procesales, desmonta las acusaciones de Bruselas más lesivas para la norma y confirma que la amnistía, en su esencia, no vulnera el derecho europeo. Para el Gobierno, esto supone una validación implícita de su arquitectura jurídica; para la oposición, un recordatorio de que el TJUE aún puede introducir limitaciones cuando dicte sentencia.
En última instancia, la opinión del abogado general refuerza la viabilidad legal de la ley que articula uno de los compromisos más controvertidos de la actual legislatura. El debate político, sin embargo, continúa abierto: la amnistía sigue siendo el epicentro de la pugna entre el Ejecutivo, la oposición y el independentismo, y el dictamen europeo, más que cerrar el capítulo, marca el inicio de su fase más decisiva. @mundiario
