El Constitucional respalda la amnistía con matices: pide corregir la discriminación detectada
El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía, al considerar que la norma incurría en un trato discriminatorio. El fallo, aprobado este miércoles en pleno, mantiene la validez general de la ley, pero exige su corrección para evitar diferencias de trato entre quienes participaron en el procés y quienes actuaron en su contra.
Según la resolución, la ley debía haber previsto el mismo perdón tanto para las personas que cometieron delitos en apoyo del movimiento independentista como para aquellas que incurrieron en conductas punibles intentando impedirlo. De no hacerlo, argumenta el tribunal, se estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley.
La sentencia ilustra la situación con dos ejemplos: el de un funcionario que trató de mantener abiertas las escuelas para votar en el referéndum del 1 de octubre de 2017, y el de otro que intentó impedirlo. En adelante, ambos podrán ser beneficiarios de la amnistía en igualdad de condiciones, conforme a la doctrina constitucional.
El Constitucional ha rechazado, sin embargo, el resto de los argumentos del Supremo, que consideraba que la norma vulneraba la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad en sentido amplio. En su fallo, el alto tribunal reafirma que la ley responde a “un fin legítimo, explícito y razonable” y que se inscribe en el ámbito de decisión del legislador, siempre que exista una coyuntura extraordinaria, en este caso derivada de la crisis constitucional del procés.
El Supremo había advertido de un “trato desigual” entre quienes recibían la amnistía y quienes debían cumplir sus condenas. El Constitucional matiza esta lectura, al entender que la corrección ahora introducida —la eliminación del sesgo entre partidarios y detractores del independentismo— garantiza el principio de igualdad y refuerza la finalidad de distensión social que persigue la norma.
Con este fallo, el tribunal de garantías da por resuelta una de las últimas controversias jurídicas en torno a la ley de amnistía, que ha sido eje de debate político y judicial desde su aprobación. La decisión sienta un precedente sobre los límites y condiciones de este tipo de medidas excepcionales en contextos de crisis política. @mundiario
