Moncloa evita elevar el tono contra Junts y apuesta por conseguir apoyos puntuales
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se esfuerza en proyectar serenidad y estabilidad tras el anuncio de Junts de dar por roto su acuerdo con el PSOE, un movimiento que amenaza con dinamitar la frágil mayoría parlamentaria que sostiene la legislatura.
Lejos de entrar en la confrontación, el presidente ha dado la consigna de mantener un perfil bajo, no responder a Carles Puigdemont y reiterar el discurso de la “mano tendida”. La estrategia: aparentar normalidad y reforzar la narrativa de continuidad institucional, pese a la pérdida de un socio clave.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto el titular de Presidencia y Justicia Félix Bolaños como la portavoz Pilar Alegría repitieron el mensaje central: el Gobierno seguirá trabajando con diálogo, prudencia y sin precipitar escenarios de adelanto electoral. “Seguiremos con diálogo, trabajo y esfuerzo. Llevamos conviviendo mucho tiempo con esta pluralidad del Congreso. La mano tendida siempre ha estado ahí. Que tengan claro que vamos a seguir así lo que queda de legislatura, hasta 2027”, recalcó Alegría, en una declaración que resume la nueva fase de contención política dictada desde Moncloa.
El Ejecutivo insiste en que la ruptura anunciada por Puigdemont no altera el rumbo legislativo ni anula la legislatura. “Este congreso nació complejo y fraccionado. Muchos hubieran preferido algo diferente, pero esto responde a lo que votaron los ciudadanos”, recordó Bolaños, subrayando que, pese a las dificultades, el Gobierno ha sacado adelante el 88 % de las votaciones desde 2023. En su entorno reconocen, sin embargo, que la situación complica en extremo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que ya acumulaban retrasos y divisiones internas.
El desafío de gobernar sin mayoría estable
El Gobierno afronta ahora una legislatura sostenida por equilibrios frágiles. Junts y Podemos, dos de sus socios iniciales, ya no forman parte del bloque de apoyo parlamentario, y Sumar ha abierto un nuevo frente al desmarcarse de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En este contexto, el Ejecutivo se resigna a negociar ley a ley, consciente de que cada votación exigirá concesiones a formaciones de distinta orientación ideológica.
La ruptura de Junts —impulsada por Puigdemont y validada con un 93 % de apoyo de la dirección del partido— marca un punto de inflexión. Desde Perpiñán, el expresidente catalán acusó al PSOE de incumplir sistemáticamente los acuerdos alcanzados y zanjó: “un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto”. Su número dos, Jordi Turull, fue más allá al cuestionar la legitimidad de Sánchez para continuar en el cargo: “si ahora se sometiera a un debate de investidura, no lo superaría”.
Pese a la dureza del discurso, Junts descarta por ahora apoyar una moción de censura junto a PP y Vox. Desde Moncloa interpretan este matiz como una ventana abierta a la negociación, aunque Puigdemont ya ha advertido de que “unas simples conversaciones no bastarán” para restablecer la confianza.
Sánchez busca resistir hasta 2027
El PSOE busca encapsular la crisis con Junts, presentándola como un episodio más dentro de una legislatura “plural y compleja”. Sin embargo, el nuevo mapa parlamentario deja a Sánchez sin margen para grandes reformas. Sin los votos de los independentistas catalanes, la posibilidad de aprobar los Presupuestos se desvanece, y cualquier iniciativa legislativa dependerá de pactos transversales con el PNV, nacionalistas o formaciones de la izquierda alternativa.
En paralelo, la coalición con Sumar atraviesa su propio momento de tensión. La formación de Yolanda Díaz ha advertido de que no apoyará la nueva LeCrim si se mantiene la limitación a la acusación popular, una medida que consideran lesiva para el control democrático. Este instrumento judicial “es esencial para el control ciudadano sobre los abusos del poder político y económico”, expresó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar.
Frente a este panorama, la consigna en el Palacio de la Moncloa es resistir y mantener la agenda de Gobierno. “Vamos a seguir lo que queda de legislatura, hasta 2027”, repiten los ministros en público y en privado. El Ejecutivo confía en que la presión política y mediática sobre Junts para aprobar medidas que “beneficien” a Cataluña se modere con el paso de las semanas, y que la necesidad de influir en decisiones estratégicas lleve al partido de Puigdemont a mantener cierta cooperación puntual.
Sin embargo, la realidad parlamentaria es tozuda: la pérdida de apoyos deja al Gobierno en minoría, y su estabilidad dependerá de un equilibrio inédito entre pragmatismo, cesiones y retórica de moderación. En un Congreso más dividido que nunca, Sánchez intenta proyectar fortaleza institucional en medio de una tormenta política que, por ahora, solo promete intensificarse. @mundiario
