El comisionado del Gobierno para la dana dimite tras la investigación sobre su título
José María Ángel Batalla, hasta hoy comisionado del Gobierno para la dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), ha presentado su dimisión “irrevocable” tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción para investigar la presunta falsificación de un título universitario incluido en su expediente profesional. La decisión, comunicada mediante una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pone fin a una larga trayectoria política de más de cuatro décadas y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la integridad en la administración pública.
La renuncia se produce tras revelarse que la Agencia Valenciana Antifraude investigaba desde abril una denuncia anónima relativa a un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía, supuestamente expedido en 1983 por la Universitat de València y registrado en el expediente de Batalla. La propia universidad ha desmentido la validez del documento, ya que dicha titulación no existía en esa fecha. A pesar de las explicaciones ofrecidas por el político socialista, la incongruencia documental y la presión pública han desembocado en su salida del cargo.
En paralelo, la Agencia trasladó su informe a la Fiscalía Anticorrupción, que decidió abrir diligencias para esclarecer si se produjeron irregularidades en el acceso de Batalla a la función pública a principios de los años 80, cuando obtuvo plaza en la Diputación de Valencia. Aunque él asegura que el único requisito entonces era el título de Bachillerato, el diploma universitario bajo sospecha de los fiscales aparece en su historial laboral y ha sido citado en currículos y documentos institucionales vinculados a distintos nombramientos.
En su carta de dimisión, Batalla niega tajantemente haber falsificado documentos o haberse beneficiado de titulaciones inexistentes. “Como aun así se sigue queriendo sembrar la duda entre la ciudadanía, quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto”, insiste. El exalcalde de l’Eliana y exsenador denuncia “reiteradas actitudes de inquina” hacia su persona, “con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente”.
“Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi Presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo”, dice el también presidente del PSPV-PSOE. “Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica”, afirma en su carta.
El papel de la transparencia institucional
Más allá del caso concreto, la dimisión de Batalla subraya la creciente exigencia social de ejemplaridad en lo público tras el escándalo del currículum inflado de Noelia Núñez, exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP. En un contexto de erosión de la confianza institucional, cualquier sospecha sobre la veracidad de méritos académicos o profesionales despierta una rápida y contundente reacción social y política. El episodio remite al principio de que el acceso al servicio público no solo debe ser legal, sino también éticamente incuestionable. El político socialista insiste en que su acceso inicial a la función pública fue conforme a los requisitos legales de la época,
Tras conocerse la investigación y la existencia del supuesto título falso, las peticiones de dimisión no tardaron en llegar, especialmente desde el Partido Popular. La Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, incluso ha iniciado una investigación paralela sobre la titulación de la esposa de Batalla, Carmen Ninet, subdirectora del MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad), según adelantó OKDiario.
El ministro Torres, del que dependía el comisionado para la dana, había anunciado que el Gobierno esperaría a tener todos los datos antes de tomar una decisión. Finalmente, la salida voluntaria de Batalla ha desactivado la presión institucional directa, pero no cierra el caso ni elimina las dudas sobre el sistema de control de méritos dentro de la administración.
Este caso se inscribe en una tendencia de mayor escrutinio sobre el currículum y la trayectoria de los altos cargos públicos. En tiempos donde la ciudadanía exige no solo legalidad sino también integridad, los estándares de transparencia deben fortalecerse tanto desde las instituciones como desde la cultura política. @mundiario
