El cierre del centro de inmigrantes en Pozuelo: el PP desafía la política migratoria del Gobierno
La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido un revés estratégico con la orden de cierre cautelar del centro de acogida de inmigrantes en Pozuelo de Alarcón y la ofensiva judicial del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. En un momento en que el Ejecutivo central se encuentra bajo presión para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a reubicar a 827 menores refugiados alojados de Canarias, la reacción del PP madrileño representa un desafío a la hoja de ruta planteada por el Estado.
El Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo estaba llamado a convertirse en el eje logístico para iniciar la reubicación de hasta 400 menores migrantes de los casi 4.000 que tiene que trasladar a la Península. Sin embargo, la clausura del recinto, motivada por una supuesta falta de licencia urbanística, ha truncado esa previsión. El Ayuntamiento, uno de los bastiones del Partido Popular en Madrid, sostiene que el uso del centro como dispositivo de acogida vulnera la normativa urbanística local.
Desde el Gobierno central se cuestiona tanto el fondo como la forma de la decisión. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones alegó que no ha recibido requerimiento formal del cierre, y afirmó que “no contemplamos” que el PP quiera dejar a los acogidos “en la calle de la noche a la mañana”. El centro fue creado como albergue para los refugiados de la guerra en Ucrania, pero también se alojan personas de países del África subsahariana, latinoamericanos, “mujeres y niños”.
La razón que esgrime el Ayuntamiento de la alcaldesa Paloma Tejero es que el Gobierno pretende cambiar la utilidad del centro, de un refugio temporal a una instalación de residencia permanente. Por lo tanto, el Consistorio entiende que el Ejecutivo debería tramitar una licencia particular para permitir ese uso.
El Gobierno acusa al PP de “racismo preventivo”
“La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no quiere que haya, lógicamente, menores que están en Canarias y que vienen de África, y que la licencia pueda permitir, en cuanto a su tipología, el acoger a menores que llegan a Canarias de África, pero es que a día de hoy hay menores en ese centro”, dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El también expresidente canario rescató las palabras del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que en una entrevista acusó al PP de aplicar un “racismo preventivo”. Torres afirmó que desde la administración municipal se pone “dificultades” para que se acoja “a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra, porque a otros se les abren las puertas”. “No sabemos cómo hacer ver a la sociedad española y a los responsables políticos que es una incoherencia, que no hay razón alguna para esa discriminación entre unos y otros, como digo en circunstancias semejantes de vulnerabilidad”, añadió.
Más allá del cierre físico del centro, la Comunidad de Madrid ha abierto un frente judicial al recurrir al Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, que regula el reparto obligatorio de los menores entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Ayuso argumenta que este decreto vulnera las competencias autonómicas en materia de protección de menores y asistencia social, y sostiene que se trata de una “imposición” que debería haber sido tramitada mediante una ley orgánica, y no a través de un decreto.
Además, la Comunidad ha cuestionado la transparencia y los criterios del reparto. Uno de los puntos más controvertidos es la ausencia de asignación de menores a comunidades como País Vasco o Cataluña, lo que ha sido interpretado por el Gobierno madrileño como una “discriminación” política que penaliza a los gobiernos autonómicos del PP y favorece a los socios nacionalistas del Ejecutivo de Sánchez. @mundiario
