El caso del novio de Ayuso se complica: PSOE y Más Madrid piden cinco años de prisión
El cerco judicial en torno a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se estrecha. La causa más avanzada de las dos que mantiene abiertas por presunto fraude fiscal se encamina hacia juicio con un nuevo escrito de acusación presentado por PSOE y Más Madrid. Las dos formaciones, personadas como acusación popular, han solicitado una pena de cinco años de prisión para el empresario, superando así las condenas solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que se limitaban a tres años, nueve meses y un día.
El escrito de la acusación popular añade un elemento político de considerable peso a un procedimiento que, hasta ahora, había discurrido en el ámbito técnico de la lucha contra el fraude tributario. Aunque PSOE y Más Madrid no han podido acusar directamente por los delitos de fraude fiscal debido a una limitación impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid —que aplicó la doctrina Botín—, los dos partidos sí han solicitado penas por otros delitos que consideran suficientemente graves para justificar una condena severa.
En concreto, los partidos reclaman tres años de cárcel por falsedad documental, un año y medio por pertenencia a grupo criminal y seis meses por delito contable. Esta última acusación se introduce a pesar de que, según la jurisprudencia, suele subsumirse dentro del delito de fraude fiscal, algo que la acusación justifica como respuesta a las restricciones legales que impiden formular cargos directos por los delitos fiscales.
Uno de los argumentos más contundentes del escrito es la calificación de los hechos como obra de un “grupo criminal”. Según la acusación, González Amador no actuó en solitario, sino en connivencia con al menos cuatro empresarios más para emitir facturas falsas. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, sostienen que, a diferencia de una organización criminal —que exige una estructura permanente—, “un grupo criminal requiere únicamente solamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos”.
Las causas contra González Amador
El documento presentado también incluye una batería de solicitudes de prueba, entre ellas, la comparecencia de dos altos cargos del grupo Quirón, el principal cliente de las consultoras dirigidas por Amador. Se trata del presidente y director general de Quirónprevención, Fernando Camino Maculet, y del director de grandes cuentas, Emilio Conde Herce.
Respecto a los presuntos colaboradores del empresario, PSOE y Más Madrid solicitan penas de tres años y cuatro meses. Entre ellos figuran Maximiliano Eduardo Niederer González, David Herrera Lobato y los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo Saborido, quienes habrían participado en la elaboración y utilización de las facturas presuntamente falsas.
El procedimiento judicial, en manos del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid desde hace 16 meses, se encuentra en su fase final. La jueza Inmaculada Iglesias ya ha rechazado los últimos recursos presentados por la defensa de González Amador, y solo resta que la Audiencia Provincial se pronuncie antes de que el caso sea formalmente enviado a juicio. El margen de maniobra del empresario es ahora mínimo.
Por otro lado, sigue abierta una pieza separada por un posible delito de cohecho, en la que se investiga si Amador pudo haber sobornado al directivo de Quirón Fernando Camino. En esta línea, la jueza ha requerido la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especializada en delitos económicos complejos, lo que refleja la gravedad que las autoridades judiciales atribuyen al caso. @mundiario
