Los barones del PSOE, en guardia ante la financiación singular para Cataluña
La financiación autonómica vuelve a encender los ánimos dentro del PSOE. La inminente reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, prevista para este lunes, ha hecho sonar las alarmas entre los presidentes autonómicos socialistas. Lo que se perfila como un posible acuerdo de financiación singular para Cataluña —negociado entre el PSC y ERC durante el proceso de investidura de Salvador Illa— ha reavivado el temor a un trato preferencial que rompa el principio de igualdad entre territorios que defienden varios barones del partido.
La inquietud es especialmente intensa en Castilla-La Mancha y Asturias, donde sus dirigentes han elevado el tono en las últimas horas. Emiliano García-Page, presidente manchego, ha calificado de “despropósito” el eventual pacto con la Generalitat y ha acusado al Gobierno de Sánchez de ceder ante el “chantaje” del independentismo. En términos similares, el consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, ha advertido que no aceptarán “ningún privilegio” para Cataluña y ha defendido una reforma multilateral del sistema a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido al paso del malestar interno con la promesa de que no se adoptará “ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas”. Pero su mensaje no ha bastado para calmar el recelo creciente, que se alimenta tanto del contenido opaco del acuerdo como del contexto político marcado por la debilidad del Ejecutivo tras los escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE.
El plan que PSC y ERC suscribieron el pasado julio contempla que Cataluña asuma la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en su territorio, emulando el modelo foral del País Vasco y Navarra. A cambio, la Generalitat transferiría al Estado una cuota de solidaridad interterritorial y un pago por los servicios prestados. Aunque los detalles económicos aún no han trascendido, el alcance del acuerdo implica una modificación sustancial de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que requiere consenso parlamentario y territorial.
Page carga contra el acuerdo de financiación singular
Los barones socialistas, que en el Congreso Federal de Sevilla del año pasado aprobaron un modelo federal más justo y multilateral, temen que la bilateralidad con Cataluña erosione el principio de igualdad entre regiones. Aquel cónclave fue vendido como una tregua que buscaba reforzar los servicios públicos sin fracturar el modelo común. Pero ahora, ante el posible “cupo catalán”, voces como la de García-Page denuncian que “la corrupción ha traído barra libre”.
La desconfianza se extiende también a los socios parlamentarios del PSOE. Compromís ha exigido una reforma integral que acabe con la infrafinanciación crónica de la Comunidad Valenciana, recordando que el actual sistema caducó en 2014. La coalición valencianista avisa: cualquier mejora para Cataluña deberá venir acompañada de una solución justa para el conjunto del sistema autonómico.
En paralelo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su visita a Barcelona para criticar con dureza la vía bilateral. Si bien reconoció que Cataluña necesita más recursos, insistió en que cualquier reforma debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y basarse en un pacto multilateral. “Hagamos un sistema de financiación para que se quede, un sistema de financiación sólido, producto de un pacto”, pidió el jefe de la oposición. “Eso es lo que a mí me vincula, los sistemas de financiación pactados, no los sistemas de financiación impuestos por la necesidad de un Gobierno que no tiene mayoría para seguir gobernando el país”, sentenció.
La fractura creciente en el PSOE
La fractura dentro del PSOE parece, por tanto, inevitable. Pese al intento de cerrar filas en el último comité federal, las tensiones se han recrudecido tras conocerse que el acuerdo con ERC se retrasó expresamente para evitar su debate interno. Page ha llegado a decir que “parece que los independentistas están dentro del comité federal”, en alusión a la opacidad del proceso y la falta de transparencia con la militancia y los territorios.
El lunes será una jornada clave. El Gobierno de Pedro Sánchez deberá decidir si formaliza un acuerdo que podría abrir una nueva etapa de cesiones a cambio de estabilidad parlamentaria, con el coste político que ello implica. Entre tanto, los presidentes autonómicos socialistas se preparan para plantar cara si el pacto se convierte en realidad, conscientes de que está en juego no solo la igualdad entre territorios, sino también la cohesión interna del PSOE.
La financiación singular para Cataluña, lejos de haberse resuelto en una fórmula de encaje territorial, amenaza con convertirse en un nuevo frente de confrontación política dentro y fuera del socialismo español. Una vez más, la estabilidad de la legislatura se juega en una negociación que, a juicio de muchos, debería haberse abordado desde el consenso y no desde la urgencia de los apoyos parlamentarios. @mundiario
