El Gobierno sienta las bases de la financiación singular pese a la oposición de las autonomías
El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña ultiman un acuerdo histórico para establecer un modelo de financiación singular, en respuesta a las exigencias de ERC y en cumplimiento del pacto que facilitó la investidura de Salvador Illa como president. La cita clave será el próximo lunes en Barcelona, cuando se reúna la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Sin embargo, lo que para los firmantes representa un avance negociado y pactado, para muchas comunidades autónomas —tanto del PP como del PSOE— supone una línea roja en el debate sobre la igualdad territorial.
La negociación entre el Ministerio de Hacienda, la Generalitat y Esquerra Republicana ha avanzado lo suficiente como para que el próximo lunes se firme un marco general para la financiación singular de Cataluña. Esta fórmula permitiría a la Agencia Tributaria Catalana gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos soportados en el territorio. A cambio, la Generalitat transferiría al Estado una cuota de solidaridad y un pago por servicios prestados, imitando parcialmente el esquema foral del País Vasco y Navarra.
Pero bajo esta arquitectura se esconden tensiones técnicas y políticas aún por resolver. La fórmula de “gestión en red” —que permitiría a la ATC operar dentro del sistema estatal— ha generado recelos en ERC, que teme que la tutela de la Agencia Tributaria estatal limite la autonomía fiscal prometida. A ello se suma el retraso en la redacción de la proposición de ley necesaria para modificar la LOFCA (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas) y hacer operativo el nuevo modelo.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el documento que se aprobará tiene apenas cuatro folios y no entra en detalles numéricos. Lo que sí perfila es una pista de aterrizaje fiscal que permitiría a Cataluña gestionar más ingresos —hasta 14.000 millones de euros adicionales, según cálculos preliminares— a través del control directo del IRPF, el IVA de las pymes y otros tributos. Aun así, estos ingresos estarían sujetos a la aportación solidaria y al coste de los servicios prestados por el Estado.
Rebelión multicolor contra el modelo “a la carta”
Lejos de tratarse de una protesta liderada únicamente por el Partido Popular, las críticas territoriales contra el acuerdo han surgido con fuerza desde autonomías socialistas como Castilla-La Mancha o Asturias, que acusan al Gobierno de romper la multilateralidad del sistema y de consagrar privilegios a cambio de votos.
El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha calificado el acuerdo como “el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles” y ha advertido de que no se quedará de brazos cruzados. Desde Asturias, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha sido igualmente tajante al afirmar que no iban a aceptar “ningún perjuicio” para el Principado.
En el flanco del PP, las palabras han sido aún más duras. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha ofrecido liderar un frente autonómico para frenar lo que considera una ruptura de la caja común y una cesión que “rompe la igualdad entre españoles”. En la misma línea, Madrid, Galicia, Castilla y León o la Comunidad Valenciana —gobernadas por el PP— han cargado contra la bilateralidad del modelo y su impacto en el sistema redistributivo.
La gran preocupación de estas regiones gira en torno a la posible implementación del llamado principio de ordinalidad, que garantizaría a Cataluña que su nivel de recursos tras la redistribución siga siendo proporcional al esfuerzo fiscal realizado. Esto supondría una reducción drástica de su contribución solidaria y, en consecuencia, menos fondos para el resto.
Un acuerdo frágil y condicionado por la política nacional
Es precisamente este punto el que ha encendido todas las alarmas. Comunidades como Madrid denuncian que el modelo “esconde un cupo catalán encubierto” que pondría en jaque la solidaridad interterritorial. Desde el Gobierno madrileño, la consejera de Economía, Rocío Albert, ha ido más allá al anunciar que estudian recurrir el pacto ante el Tribunal Constitucional.
El contexto político no puede separarse del contenido del acuerdo. El Gobierno de Pedro Sánchez, debilitado por los casos de corrupción que afectan al PSOE, necesita mantener la fidelidad de sus socios parlamentarios para sobrevivir. ERC, por su parte, ve en esta negociación una oportunidad para apuntalar su perfil como defensor de los intereses catalanes ante las elecciones autonómicas de 2025.
Pero el camino no está despejado. El propio texto legal que debe registrar la proposición de ley aún no está consensuado, y su tramitación parlamentaria dependerá del delicado equilibrio en el Congreso. ERC ha advertido de que, si no hay garantías suficientes, no dará por cerrado el acuerdo. Y aunque el Govern presentará un plan técnico para que la ATC pueda recaudar el IRPF en 2026, los tiempos son ajustados y el reto administrativo, enorme.
Desde Hacienda insisten en que el modelo diseñado es singular por las competencias específicas de Cataluña —como los Mossos o la gestión penitenciaria—, pero también escalable. En teoría, cualquier comunidad que asuma nuevas competencias podría acogerse a un sistema similar. Sin embargo, en la práctica, la bilateralidad del pacto con Cataluña y su tramitación fuera del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera hace temer al resto de autonomías que el modelo se imponga de forma unilateral. @mundiario
