Los barones miran con recelo la financiación singular para Cataluña impulsada por Illa y ERC
En política, las formas importan tanto como el fondo. Y en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de Pedralbes, Salvador Illa ha sabido vestir con discreción y eufemismos una realidad que los presidentes autonómicos, incluidos los de su propio partido, han calificado sin rodeos como un intento de instaurar un nuevo “cupo catalán”. Lo que Illa llama “modelo solidario y generalizable” es, para muchos, una vía hacia la ruptura del principio de igualdad entre comunidades, un paso más hacia el privilegio fiscal que ERC exige como peaje para sostener la legislatura en Cataluña y en Madrid.
El presidente de la Generalitat no ha querido entrar en detalles —a pesar del inminente fin del plazo fijado por ERC para oficializar su acuerdo—, pero su defensa tibia de un nuevo sistema de financiación ha bastado para detonar un debate que, aunque se intentó excluir del orden del día, ha monopolizado la atención del encuentro. Illa ha hablado íntegramente en catalán, un gesto simbólico que ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a abandonar momentáneamente la sala.
La reacción no se ha hecho esperar. Emiliano García-Page, siempre dispuesto a marcar distancias con la cúpula de Ferraz, ha dado voz a la creciente incomodidad territorial dentro del PSOE. Su intervención ha sido un torpedo a la línea de flotación del acuerdo PSC-ERC: “no puede haber regímenes especiales ni privilegios”, ha sentenciado, para luego reclamar una única mesa de negociación multilateral que garantice un modelo común y equitativo. Para el presidente castellanomanchego, la fórmula que se está diseñando en la sombra no solo socava la solidaridad interterritorial, sino que institucionaliza la lógica del “yo invito y tú pagas”, una dinámica letal para el principio de cohesión nacional.
Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha endurecido aún más el tono. La presidenta madrileña ha acusado abiertamente al Gobierno de Pedro Sánchez de dinamitar la Constitución al permitir una financiación asimétrica que, según sus palabras, “sólo beneficia a los catalanes”. Su denuncia se ha dirigido también a la condonación parcial de la deuda de Cataluña, otro elemento pactado con ERC que el bloque popular considera una humillación para las autonomías cumplidoras. “Ahora todo es posible. Todo lo que no esté expresamente prohibido, adelante”, ha ironizado Ayuso en una crítica que busca amplificar el mensaje en clave nacional en alusión a la ponencia del Tribunal Constitucional con el que el máximo órgano de garantías pretende avalar el núcleo de la amnistía.
El nuevo modelo de financiación singular para Cataluña
Aunque Illa ha intentado presentar su modelo como solidario y extensible, la sospecha entre los barones —y no solo del PP— es que se trata de un traje a medida para ERC. Lo cierto es que el calendario aprieta: antes del 30 de junio, el acuerdo entre socialistas catalanes y republicanos debe convertirse en un pacto oficial con el Gobierno central.
Ese pacto abriría la puerta a la gestión del IRPF por parte de la Generalitat a partir de 2026 y al nacimiento de una agencia tributaria catalana que sustituya a la estatal en funciones esenciales. Si no se cumple, ERC amenaza con bloquear los Presupuestos Generales y los propios de la Generalitat. El chantaje, aunque envuelto en institucionalidad, es evidente.
Esta deriva ha despertado el temor de que el Estado termine cediendo competencias fiscales cruciales a una comunidad autónoma donde un sector de la clase política no ha renunciado a su independentista.
En medio de este pulso territorial, Sánchez guarda silencio, atrapado entre las exigencias de sus socios independentistas y la presión creciente de sus presidentes autonómicos. Pero el silencio también es una forma de tomar partido. Y si finalmente se oficializa el concierto catalán, el Gobierno no solo habrá abierto la puerta a un privilegio fiscal, sino también a una fractura política dentro del PSOE que será difícil de suturar. @mundiario
