El PSOE niega que haya una ruptura en el Gobierno de coalición
Por primera vez Unidas Podemos se desmarca del PSOE absteniéndose de votar en el Congreso, después de la enmienda de última hora que puso al sector de cabeza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que exista un riesgo de ruptura en el Ejecutivo de coalición con Unidas Podmos, después de que los morados decidieran abstenerse de la votación de la ley audiovisual de este jueves, que marcó la falta al compromiso a la unidad parlamentaria que ambas formaciones de izquierdas se prometieron.
Sin mencionar directamente a esta ley, el presidente ha alabado la labor de todos sus ministros, en una acto en el que aseguró sentir "orgullo por el equipazo" que tiene en el primer Gobierno de coalición progresista de la democracia, a pesar de las dificultades políticas que han supuesto la pandemia y la guerra en Ucrania. "A cada uno, gracias. A pesar de las dificultades, avanzamos hacia mayores cuotas de conquistas sociales", ha dicho Sánchez en referencia a los ministros del PSOE y de Unidas Podemos.
Por otra parte, la primera viceministra del Gobierno, Nadia Calviño, ha valorado la situación, asegurando que la abstención de UP en la ley audiovisual no hace peligrar la coalición, aunque también ha reconocido tener una "geometría parlamentaria compleja" a la que "tendremos que acostumbrarnos". La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha mostrado convencida de que la unión no corre ningún riesgo, una postura compartida con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien espera que este evento sea algo excepcional.
Montero ha enfatizado que Podemos es "la fuerza minoritaria" dentro de la coalición y que espera que "en el futuro no se volverá a repetir" una situación similar.
La ley audiovisual parte al Gobierno en dos
El Gobierno ha salvado ‘in extremis’ la ley audiovisual este jueves, como en los más recientes proyectos parlamentarios de las últimas semanas, que ha pendido de un hilo demostrando su ahora fragilidad parlamentaria. Después de que Unidas Podemos se desmarcara de la iniciativa y que los socios habituales del Ejecutivo votaran en contra, el PSOE se ha apoyado en la oposición para sacar adelante la ley.
Por primera vez, los dos socios del Gobierno han votado de maneras distintas en el Congreso de los Diputados, faltando a su compromiso de unidad parlamentaria, toda vez que Unidas Podemos resultara inconforme con la enmienda de última hora que pactaron los socialistas con el PP y Ciudadanos, que cambia la definición de productoras independientes (que podrán recibir ayudas del Estado) para incluir a los estudios que trabajan con los grandes grupos de la televisión de España, Mediaset y Atresmedia, siempre y cuando sus productos no sean vendidos sólo a esas empresas.
Este cambio repentino ha dinamitado el sector audiovisual, con el rechazo rotundo de las productoras independientes que habían pedido “conciencia” a los políticos, para que rechazaran el proyecto, ya que consideran que la nueva ley trae consecuencias “devastadoras” para el sector, teniendo en cuenta que “impulsa una mayor concentración de la industria, en torno al duopolio actual (Grupo Atresmedia y Mediaset España) y las grandes plataformas multinacionales”, según el sector independiente afectado.
El proyecto ha venido dando tumbos los últimos meses, con la erosión política a la que se ha sometido el PSOE tras la pérdida de la confianza y respaldo de los partidos independentistas con el caso ‘Pegasus’, y la ahora ruptura dentro del Gobierno. Podemos había estado amagando que tumbaría la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero al final se ha limitado a no apoyarla.
El PSOE pierde a sus socios
El PP ha evitado nuevamente el rebote de la ley, tras haber decidido abstenerse de votar, luego de un fuerte hermetismo acerca de su decisión final. En una línea similar actuaron Ciudadanos, que prefirieron quedarse lejos de la contienda para permitir la aprobación de la ley con los votos del PSOE y otros partidos minoritarios.
Los populares han justificado su abstención, recordando que a España se le acaban los plazos para cumplir con las normas europeas, y así impedir que Bruselas termine estableciendo “multas millonarias” a España por incumplir el marco jurídico en materia audiovisual.
❌ @EHBildu votará en contra de la Ley Audiovisual si el PSOE no acepta la enmienda sobre los productores independientes.
— EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) May 26, 2022
«El acuerdo con el PP fulmina la producción de cine y series independientes. Rectifiquen este ataque al ecosistema cultural y recuperen la pluralidad». pic.twitter.com/5hJaLpRwwX
El PSOE ha sacado adelante su iniciativa con apenas 130 votos, 89 noes y 131 abstenciones. Los socialistas se apoyaron en el PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria, pero han perdido la mayoría de los apoyos de sus socios habituales, después de que Navarra Suma, EH Bildu, ERC, PDeCAT, JuntsxCat, la CUP, Compromís, BNG e incluso Vox votaran en contra.
La mayoría de los portavoces de los partidos cargaron contra la modificación de último minuto del término productor independiente. Para la vocera de Bildu, Mertxe Aizpurua, el cambio ha venido a “desvirtuar aún más la ya extraña definición del productor independiente que contemplaba el texto en origen y vino a vaciar de contenido totalmente esta definición”.
La hucha para las lenguas cooficiales
ERC había pactado los Presupuestos con el PSOE el año pasado, con la condición de que la nueva ley audiovisual trajera “contundentes” garantías para proteger a las lenguas cooficiales. Pero sólo ha podido arrancarle la presencia de estas en las producciones españolas, así como su doblaje en las obras extranjeras.
A @elsmatins, el diputat d'ERC al Congrés espanyol @joanmargall explica els pactes que van tancar amb el PSOE per tirar endavant la llei de l'audiovisual i la raó per la qual van votar-hi en contra #ElsMatinsTV3
— TV3.cat (@tv3cat) May 27, 2022
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Para frustración de los partidos nacionalistas, el PSOE sólo incluyó un fondo de 15 millones de euros para la producción de contenido en catalán, euskera y gallego y la creación de una hucha pública que garantice el doblaje de producciones extranjeras a estos idiomas. Esto ha enfurecido a los soberanistas, que considera, como Compromís, que “es una oportunidad perdida para los 15 millones de ciudadanos que tenemos otras lenguas”.
