Acciona admite a Hacienda pagos a Cerdán y el Supremo mantiene a Ábalos y Koldo en prisión
El denominado caso Koldo avanza hacia una fase decisiva en la que confluyen tres planos especialmente sensibles: el empresarial, el fiscal y el penal. La decisión de la constructora Acciona de alertar al Ministerio de Hacienda sobre facturas que considera dudosas introduce un elemento de enorme relevancia en la investigación, al tiempo que el Tribunal Supremo refuerza su posición al mantener en prisión provisional a dos de los principales investigados.
Según la documentación remitida a la Agencia Tributaria, Acciona reconoce que entre 2021 y 2024 pagó a Servinabar. empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, más de 677.000 euros por servicios cuya “materialización no ha podido ser constatada” y sobre los que existen “dudas fundadas” acerca de la autenticidad de los contratos. La constructora corrigió su situación fiscal mediante autoliquidaciones complementarias tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IVA, asumiendo que esas facturas no debían haberse deducido.
El movimiento no es menor. En la práctica, una gran empresa admite ante Hacienda que parte de su contabilidad puede estar sustentada en prestaciones inexistentes. Esta comunicación llevó a la Agencia Tributaria a solicitar la suspensión de las inspecciones abiertas contra Acciona hasta que el Supremo esclarezca si esas facturaciones respondían realmente a trabajos efectivos o a un esquema ficticio. El juez instructor accedió, limitando la suspensión únicamente a lo relacionado con Servinabar.
La relevancia política del asunto se explica por el papel que, según la investigación de la Guardia Civil, habría desempeñado esta empresa en diversas Uniones Temporales de Empresas (UTE) junto a Acciona. Con una participación minoritaria del 2 %, Servinabar habría obtenido más del 75 % de sus ingresos a través de estos acuerdos.
El Supremo mantiene a Ábalos y Koldo en prisión
En paralelo, el frente penal se endurece. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y ha confirmado su permanencia en prisión provisional por un “alto riesgo de fuga”. La Sala de Apelación subraya que el juicio es “inminente” —previsto para la primavera— y que las penas solicitadas, de hasta 30 años de cárcel, convierten ese riesgo en una amenaza real y no hipotética.
Los magistrados sostienen que el volumen y la solidez de los indicios han ido creciendo con el avance de la instrucción, hasta configurar acusaciones por delitos graves como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación. En este contexto, la prisión provisional se presenta como una medida cautelar proporcional, especialmente ante la posibilidad de que los investigados cuenten con recursos económicos y contactos en el extranjero.
El Supremo también despeja una de las principales líneas de defensa: la idea de que el caso se sustenta únicamente en la confesión de un “arrepentido”. Según el tribunal en su resolución sobre los recursos de los imputados, las declaraciones del empresario Víctor de Aldama no son el único pilar de la acusación y, en algunos delitos, ni siquiera resultan determinantes. Al contrario, se subraya que “ha proporcionado un muy relevante impulso a la investigación”, en particular la aportación del listado de obras públicas supuestamente preadjudicadas que permitió abrir una segunda línea de investigación sobre los presuntos amaños de obra pública.
En este punto, el caso Koldo deja de ser solo una investigación sobre contratos de mascarillas durante la pandemia y se convierte en una prueba de estrés para las instituciones: para la Justicia, que deberá resolver con garantías; para la Administración tributaria, que sigue el rastro del dinero; y para la política, obligada a asumir las consecuencias de un escándalo que sigue ampliando su perímetro. @mundiario
