Comisiones, entramado societario y el “enlace” con Acciona: ¿de qué acusa la UCO a Cerdán?
El último informe entregado por la Guardia Civil al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo profundiza en el funcionamiento de la presunta red de adjudicaciones irregulares vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a la constructora Acciona. Según los investigadores, el exnúmero tres de los socialistas habría actuado como “enlace” entre la compañía y el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por su predecesor al frente de la secretaría de Organización en Ferraz, José Luis Ábalos, para facilitar adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones del 2 %.
La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que Servinabar —empresa vinculada a Cerdán y a su socio Joseba Antxon Alonso— recibió 6.7 millones de euros procedentes de Acciona, lo que equivaldría al 75 % de sus ingresos en el periodo analizado. Los pagos se habrían formalizado tras la adjudicación de obras en distintas localidades, entre ellas Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
La investigación revela documentos que vinculan a Cerdán con Servinabar desde 2015, incluyendo contratos privados que le habrían otorgado hasta un 45% de participación en la empresa, aunque finalmente no fue formalizada ante un notario. El informe también detalla el uso por parte del exdirigente socialista de una tarjeta corporativa para gastos personales y el pago de alquileres por parte de la sociedad, además de la contratación de su mujer, su hermana y su cuñado.
Estos elementos, según la UCO, encajarían en una estructura diseñada para gestionar las comisiones derivadas de adjudicaciones públicas. Parte de los beneficios habría repercutido, presuntamente, en Ábalos y en su asesor Koldo García, ambos investigados en la causa.
Reuniones discretas y comunicaciones cifradas
Los agentes describen un patrón de reuniones en pisos alquilados, desconexión de teléfonos y uso de aplicaciones cifradas como Threema, así como intercambio de notas manuscritas para evitar rastreo. Cerdán, Alonso y directivos de Acciona habrían participado en varios encuentros desde 2015 para coordinar contratos y repartos.
Estas prácticas refuerzan, según el auto judicial, la hipótesis de un “modus operandi común” en diversos proyectos, siempre con un 2 % de comisión a favor de Servinabar una vez adjudicada cada obra.
Además de los contratos nacionales, la UCO documenta gestiones en Marruecos y Gabón. Entre ellas, un viaje oficial en 2019 de Ábalos y Koldo García en el que Cerdán se habría incorporado sin formar parte del Gobierno. Días antes, Servinabar firmó un acuerdo por el que recibiría el 2 % de los beneficios si Acciona lograba una adjudicación en el puerto de Kenitra.
Mensajes intervenidos revelan que Cerdán aportó a Koldo información sobre ministros marroquíes relevantes para las negociaciones y mantuvo comunicaciones sobre las gestiones vinculadas al proyecto. En el mensaje, el ex número tres del PSOE adjuntó una fotografía y el nombre de dos ministros del Gobierno marroquí: Abdelkader Amara, ministro de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua; y Aziz Rebbah, de Energía, Minas y Medio Ambiente. Sobre este último decía: “es de plena confianza”.
Nuevas imputaciones en el entorno de Acciona
Tras analizar el último informe de la UCO, el magistrado Puente ha imputado al exdirector de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y a dos directivos más vinculados a proyectos investigados. Acciona ha suspendido cautelarmente a los empleados afectados y ha defendido que sus procesos cumplen con las normas éticas y legales.
El juez considera que Acciona y Servinabar “podrían haberse concertado” para obtener adjudicaciones públicas mediante pagos irregulares, con la participación decisiva de intermediarios políticos.
La investigación, integrada en una pieza separada del caso Koldo inicialmente declarada secreta, permanece en fase preliminar, pero cada documento aportado aumenta el alcance de la presunta trama. El rol de Cerdán —actualmente en prisión preventiva— se consolida como el elemento central del entramado que habrían compartido directivos de Acciona y figuras del Ministerio de Transportes.
A la espera de nuevas diligencias y declaraciones, el caso avanza hacia uno de los episodios más graves de presunta corrupción vinculados a la adjudicación de obra pública en los últimos años. @mundiario
