El caso Cerdán y la necesidad de limpiar los cimientos institucionales
El Tribunal Supremo ha dado un nuevo giro a lo que ya se conoce como caso Cerdán. La imputación del exdirector de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pellegrini, junto a otros dos responsables vinculados a la empresa, abre un capítulo que obliga a revisar con lupa el modo en que se han adjudicado determinadas obras públicas en los últimos años. La Guardia Civil registró recientemente oficinas en Bilbao, Madrid y Sevilla, además del domicilio del exdirectivo, en busca de indicios que permitan aclarar si existió un patrón de amaños a cambio de mordidas. La propia dinámica de la investigación —levantamiento de secretos, revisión de dispositivos electrónicos y ampliación de imputados— recuerda a esas obras que, sobre el papel, parecían sencillas, pero que al excavar el terreno muestran tuberías rotas, cimientos fallidos y un trazado que nadie había contado en el proyecto inicial.
El juez Leopoldo Puente señaló que el secreto de las actuaciones se mantuvo para no frustrar los registros. Ahora, al incorporarse todo ese material a la causa principal, se redibuja un mapa judicial donde confluyen nombres de excargos públicos, asesores y empresarios. Y cada nueva pieza sugiere que el problema no es solo de individuos, sino de procedimientos que, en demasiadas ocasiones, funcionan como pasillos oscuros donde cuesta distinguir quién empuja la puerta y quién la deja entreabierta.
Empresas, adjudicaciones y la complejidad de un sistema vulnerable
No basta con saber que Acciona y varias empresas vascas y sevillanas han aparecido en los registros policiales. Es crucial explicar por qué esto es relevante. Las adjudicaciones públicas son la forma en la que el Estado transforma el dinero de todos en infraestructuras que deberían mejorar la vida colectiva. Sin embargo, cuando aparece la sospecha de favoritismos o de mordidas —como los 450.000 euros que, según la Guardia Civil, se habrían reclamado en la ampliación del Puente del V Centenario— se rompe algo más que un presupuesto: se erosiona la confianza en el proceso democrático.
El caso de Erkolan, Noran o Servinabar, con flujos económicos que alcanzan cientos de miles de euros entre empresas vinculadas a implicados, muestra que el problema no se reduce a una obra mal gestionada o a un contrato discutible. Habla más bien de una estructura permeable, donde relaciones personales y profesionales pueden convertirse en accesos privilegiados. Y cuando esto ocurre, el mercado se estrecha, la competencia se reduce y, sobre todo, la ciudadanía paga más por infraestructuras que quizá terminan costando millones adicionales, como ya ha ocurrido en Sevilla.
Por qué debemos exigir transparencia real
La pregunta clave es siempre la misma: ¿cómo evitar que estas situaciones se repitan? No basta con endurecer las penas o revisar contratos a posteriori. La solución pasa por procedimientos transparentes, auditorías proactivas y una trazabilidad clara del dinero público, algo que aún no está garantizado. Las administraciones y las grandes constructoras tienen la responsabilidad de demostrar que no hay zonas grises, que cada euro invertido tiene un recorrido verificable y que la competencia entre empresas es real, no una coreografía pactada.
Lo que está en juego no es solo el nombre de un exdirigente político ni la reputación de una corporación. Lo que se tambalea es la percepción de justicia, que funciona como la argamasa que mantiene unida a la sociedad. Cuando esa argamasa se agrieta, el edificio institucional entero queda expuesto. Por eso, más que esperar a que el Supremo cierre el círculo, es momento de abrir una discusión honesta sobre cómo reconstruimos un sistema que debería ser ejemplo de rigor y equidad, no un escenario de sospechas. Solo así podremos caminar sobre infraestructuras sólidas, no sobre arena movediza. @mundiario
