La UCO registra las sedes de Acciona en busca de nueva documentación del ‘caso Ábalos’
La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre la política española. Este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de nueva documentación relacionada con el ‘caso Ábalos’. Lo que para la constructora puede ser un día más de rutina corporativa, para la justicia representa una pieza más en un complejo puzzle de presuntas irregularidades que salpican a políticos del PSOE, exministros y empresarios vinculados a adjudicaciones públicas.
El registro llega tras un informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE actualmente en prisión provisional, y confirma que la investigación continúa su curso con una intensidad que evidencia la gravedad de los hechos que se investigan. La causa, abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pretende esclarecer si Ábalos y sus colaboradores presuntamente manipularon concursos públicos del Ministerio de Transportes a cambio de beneficios económicos.
Una trama que se teje entre empresas y exdirigentes
Las diligencias afectan, además de a Acciona, a otras cuatro empresas, entre ellas las cooperativas vascas Erkolan y Noran, estrechamente ligadas a Servinabar 2000, sociedad navarra que sería el epicentro financiero de la trama. Noran y Erkolan recibieron cientos de miles de euros de Servinabar entre 2016 y 2024, fondos que la Guardia Civil considera clave para entender la supuesta red de influencia política y económica.
En Sevilla, las mercantiles Tecade y Freyssinet, unidas en UTE con Acciona, están bajo escrutinio por las obras del Puente del V Centenario, cuyo contrato ascendió a 86 millones de euros. Un informe policial apunta a una mordida de 450.000 euros presuntamente reclamada por Ábalos y su asesor Koldo García. Este entramado evidencia cómo la obra pública y las relaciones políticas se entrelazan, y cómo el poder puede tejerse a golpe de contratos millonarios y amistades peligrosas.
Acciona y los fantasmas del pasado
No es la primera vez que la UCO se fija en Acciona. El pasado junio, la Guardia Civil solicitó documentación sobre expedientes de licitación sospechosos de amaño, aunque entonces se trató de un requerimiento, no de un registro. La empresa respondió con sorpresa y culpó a un exdirectivo imputado, Fernando Merino Vera, quien supuestamente facilitó el acceso a información privilegiada a Koldo García. La tensión entre responsabilidades corporativas y la implicación de exdirigentes políticos deja entrever un escenario donde nadie parece totalmente libre de sospecha.
El ‘caso Ábalos’ no es solo un escándalo judicial: es un reflejo del entrelazamiento de poder político y económico que durante años ha marcado la adjudicación de obras públicas en España. Las diligencias de este viernes ponen sobre la mesa un sistema donde contratos millonarios podrían depender de favores, lealtades y acuerdos no transparentes. La investigación amenaza con abrir nuevas heridas en un PSOE que ya ha visto cómo el nombre de sus exdirigentes se ha vinculado a supuestas mordidas y manejos ilegales. @mundiario
