El PSOE arremete contra el Supremo por poner bajo la lupa los pagos a Ábalos en Ferraz
El PSOE ha elevado el tono en su defensa ante la Audiencia Nacional tras la decisión del Tribunal Supremo de instar una investigación sobre el sistema de pagos en metálico utilizado para reembolsar gastos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, la formación critica duramente al magistrado instructor Leopoldo Puente, al que acusa de alimentar sospechas sin base jurídica y de construir un relato “sobre la nada más absoluta”.
Según el representante de la acusación particular socialista, el auto que abre esta línea de investigación no explica “qué delito se habría cometido”, “ni quiénes serían sus eventuales autores”. La formación sostiene que el procedimiento no puede extenderse a meras irregularidades administrativas, que no alcanzan la entidad penal necesaria, y afirma con rotundidad que “el PSOE nunca tuvo una caja B”.
En su escrito, el partido del Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que no existen pagos no registrados ni donaciones opacas. Asegura que todos los desembolsos, en metálico o por transferencia, están incorporados a la contabilidad oficial del partido y sometidos a las auditorías correspondientes. El PSOE detalla que las remesas de efectivo nunca incluyeron billetes de 500 euros, que jamás se recibieron donaciones irregulares y que ningún reembolso se realizó sin factura o justificante.
Los socialistas añaden que Puente “no identificó ni aportó datos que respalden la existencia de ningún delito vinculado con el sistema de liquidación y reembolso de gastos del Partido Socialista”. Por eso, a juicio de Ferraz, el juez parte del “presupuesto de la existencia de irregularidades” para “urdir una trama de nuevas sospechas”.
El partido admite que “todo sistema es mejorable”, especialmente en un contexto donde los métodos de pago electrónicos se han generalizado, pero señala que ya entonces todas las liquidaciones de gastos exigían facturas, tickets o recibos, y que el departamento administrativo verificaba cada concepto.
Un reproche frontal al Supremo
El PSOE justifica las imprecisiones documentales alegando el paso del tiempo. Han transcurrido hasta ocho años desde los pagos investigados, lo que dificulta que antiguos gerentes, trabajadores o solicitantes recuerden detalles específicos. Aun así, el partido recuerda que el sistema fue auditado por el Tribunal de Cuentas sin objeciones relevantes y que cualquier posible abuso por parte de terceros perjudicaría directamente al propio PSOE, reforzando su legitimidad como acusación popular.
Gran parte del escrito se centra criticar la actuación del magistrado Puente. Ferraz critica que el juez del Supremo alude a hipotéticos delitos sin aportar datos concretos, planteando escenarios de blanqueo sin identificar actividades ilícitas previas ni movimientos de dinero sospechosos. “El auto desliza otra conjetura: los gastos adelantados podrían haberse realizado ‘eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita o incluso delictiva’ (sic), de tal forma que al compensarse estos gastos podría estarse ‘blanqueando su procedencia’”
El partido califica estas afirmaciones como un “brindis al sol” y subraya que no existe prueba alguna de que se reembolsaran gastos sufragados con fondos de origen ilícito. “No existe ningún dato de que con estas entregas se hayan reembolsado pagos adelantados con dinero procedente de una actividad ilícita (qué actividad, qué dinero) ni, desde luego, que se haya ‘blanqueado’ tal origen ilícito”, apuntan los socialistas.
Asimismo, recuerda que el juez no imputó al entonces secretario de Organización —Ábalos, quien avalaba esos pagos y es aforado— por blanqueo, lo que, a juicio del PSOE, desmonta la hipótesis sobre la que se pretende construir la investigación.
El escrito también desmiente de forma categórica la versión de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó haber entregado 90.000 euros en Ferraz en 2020. El PSOE recuerda que dicha declaración fue contradicha por el supuesto propietario del dinero, que la Audiencia Nacional ya rechazó una querella del PP sobre financiación ilegal basada en esos testimonios y que ninguna evidencia ha corroborado esas afirmaciones, difundidas en espacios políticos y mediáticos.
Pugna para evitar la expulsión del PSOE como acusación popular
En paralelo a esta disputa procesal, el PSOE responde también a la petición del PP de expulsarlo como acusación popular del caso Koldo. Los socialistas consideran que esta iniciativa tiene un claro “trasfondo político” y subrayan que han colaborado plenamente con la Justicia, aportando documentación y facilitando diligencias, incluso entregando discos duros sellados para garantizar la cadena de custodia.
La Fiscalía Anticorrupción respalda la continuidad del partido como acusación popular, recordando que ni el PSOE ni sus responsables orgánicos figuran como investigados.
Ferraz reivindica que no existen indicios de financiación ilegal y denuncia que se está impulsando una investigación “prospectiva” sin base penal. El letrado de los socialistas insiste en que, “con esta iniciativa, y a falta de otros resultados más sólidos en otros perfiles de la causa, se pretende iniciar una línea prospectiva que mantenga abierta la investigación centrada en esta parte, como desde el principio han pretendido el PP y Vox”. @mundiario
