Servinabar 2000: una empresa desconocida en el centro de una tormenta política

El caso Servinabar 2000 SLU ha dejado de ser una nota al pie en las crónicas de corrupción para convertirse en el epicentro de un terremoto político con réplicas todavía por medir. El hallazgo de un documento que sugiere la participación accionarial del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en esta empresa ha arrojado nueva luz —o mejor dicho, nueva sombra— sobre el funcionamiento interno del poder socialista en los últimos años.

Cerdán, al igual que Ábalos, ha sido una de las figuras clave en la consolidación del liderazgo de Pedro Sánchez. En los pasillos de Ferraz, pocos tenían tanta capacidad de maniobra como él. Su supuesta implicación en una red de intermediación para facilitar contratos públicos a través de empresas sin bagaje técnico, pero con conexiones políticas privilegiadas, nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre la relación entre el poder político y el económico en el PSOE.

La empresa en cuestión, Servinabar 2000, parece un caso de manual de cómo una sociedad pequeña, sin experiencia acreditada en grandes obras, se convierte en un actor habitual en adjudicaciones millonarias. No es la primera vez que vemos esta fórmula: una firma de bajo perfil, fundada con el capital mínimo, que termina siendo socia de gigantes de la construcción como Acciona. Lo peculiar aquí no es solo la naturaleza de la empresa, sino el entramado humano que la sostiene: desde el empresario vasco Joseba Antxon Alonso hasta Koldo García, el inseparable escudero de Ábalos, pasando por la sombra —cada vez menos difusa— de Cerdán.

Los investigadores de la UCO no se andan con rodeos: hablan de vínculos directos, de poder de decisión en la sombra, de pagos, suministros y hasta del alquiler de una vivienda en Madrid financiada por la empresa en cuestión. Todo ello configura una narrativa que no se reduce a un posible caso de corrupción puntual, sino que sugiere la existencia de una cultura política donde la cercanía al poder da acceso privilegiado a recursos públicos.

La reacción del propio Cerdán, que niega rotundamente tener relación accionarial alguna con la empresa, se enfrenta ahora a la contundencia de documentos, correos electrónicos y facturas incautadas en los registros judiciales. La Guardia Civil ha solicitado acceso completo a sus cuentas bancarias y movimientos financieros durante una década, un paso que solo se da cuando las sospechas han dejado de ser meras conjeturas.

Lo más grave del asunto no es ya si Cerdán tuvo o no participaciones en la sociedad, sino el patrón que se empieza a perfilar: el uso de empresas interpuestas para acceder a licitaciones con apariencia de legalidad, pero cuya lógica se basa en relaciones personales y en gestiones informales que bordean, cuando no traspasan, la legalidad. Que estas gestiones se realizaran incluso en gobiernos donde el PSOE no estaba presente, como el de Geroa Bai en Navarra, añade una dimensión transversal al problema.

Y es que la política de contratos no depende solo del color del gobierno, sino de la capacidad de influencia que determinados actores han desarrollado más allá del cargo que ocupaban. El "panadero", nombre en clave que aparece en comunicaciones internas de la trama, es solo un ejemplo más de un lenguaje codificado que nos habla de proyectos concretos, intermediarios bien conectados y empresas con la función de puente entre lo público y lo privado.

A todo esto se suma la sospechosa coincidencia de que el propio Cerdán, ya como diputado en el Congreso, haya planteado preguntas por escrito sobre obras en Navarra en las que su presunta red participó o mostró interés. Un movimiento que, si bien es legal en el marco del control parlamentario, levanta serias dudas éticas y alimenta la percepción de un partido que ha hecho del uso instrumental de las instituciones una práctica sistémica.

El PSOE, mientras tanto, guarda silencio o responde con una defensa cerrada de los suyos, como ya hizo en el caso Ábalos. Pero la erosión pública es evidente. La militancia asiste con desconcierto a la descomposición de referentes que durante años formaron parte de la primera línea. Y el electorado, aún más distante, percibe que la regeneración democrática es solo una consigna vacía.

Más allá del caso judicial, lo que se juzga aquí es un modo de hacer política. La sensación de impunidad, el uso discrecional del poder, la opacidad en los procesos de contratación y la acumulación de favores cruzados configuran una estructura de poder paralela, invisible para el votante medio, pero profundamente enraizada en el tejido institucional.

La lección para el PSOE debería ser evidente: los escándalos no se tapan con comunicados de prensa ni con silencios calculados. Si el partido quiere sobrevivir como proyecto de país, necesita una catarsis interna que ponga fin a la lógica del clientelismo. De lo contrario, cada nuevo escándalo no será una excepción, sino la confirmación de una decadencia ya en curso.

Porque cuando las empresas pantalla empiezan a dictar el rumbo político, la democracia pierde su legitimidad. Y la historia nos enseña que, cuando eso ocurre, los votantes no tardan en buscar alternativas, sean cuales sean. @mundiario