Koldo García pide al Supremo que Aldama también pague fianza por el juicio de las mascarillas
Koldo García ha decidido mover ficha antes de sentarse en el banquillo. El exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ha pedido al Tribunal Supremo que extienda la exigencia de fianza al tercer acusado del llamado caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, por el juicio de las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de mascarillas durante la pandemia. Su argumento es tan jurídico como político: no es razonable que la garantía económica pese solo sobre quienes están en prisión preventiva mientras quien presume de solvencia queda al margen.
El escrito, firmado por su abogada, Leticia de la Hoz, introduce un elemento incómodo en la causa: la desigualdad económica entre los acusados. Mientras Koldo García y el exministro Ábalos afrontan el proceso desde la cárcel y adolecen, según la letrada “de una situación de precariedad económica que les impide, de forma pública y notoria, sufragar los honorarios de su defensa técnica o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales”, Aldama “ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material”.
La petición no es menor ni simbólica. El instructor del caso en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, fijó una fianza de 60.000 euros para Ábalos y García, pese a que la responsabilidad civil que se dirime es solidaria. Koldo sostiene ahora que esa decisión rompe el equilibrio del proceso y convierte la fianza en un castigo selectivo, no en una garantía neutral.
Una fianza que revela la asimetría del caso
La fianza deja de ser un trámite y se convierte en un símbolo. Según el escrito, Aldama habría disfrutado de transporte aéreo privado, villas de lujo en Ibiza con alquileres de 4.000 euros diarios, vehículos de alta gama y un consumo habitual en restaurantes y comercios exclusivos. Todo ello, sostiene la defensa, constituye un “indicio racional” de capacidad económica suficiente para responder ante el tribunal.
La paradoja es evidente: los dos acusados con mayor exposición penal —hasta 30 años de cárcel para Ábalos y García— son los únicos obligados a afianzar, mientras que quien se enfrenta a una petición de solo siete años, gracias a su confesión, permanece al margen de esa exigencia económica.
Aldama, confesión y ventaja procesal
La situación de Víctor de Aldama es singular. Su confesión ha suavizado notablemente la petición de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, lideradas por el PP. Pero esa ventaja procesal no debería, según la defensa de Koldo, traducirse en una exención de garantías económicas, especialmente cuando la responsabilidad civil es compartida.
La petición al Supremo busca forzar una reflexión incómoda: si el sistema judicial está protegiendo de forma indirecta al acusado con mayor músculo económico, mientras endurece su trato con quienes ya han perdido libertad, reputación y patrimonio. @mundiario
