Síntesis biográfica de Eugenio Montero Ríos

Eugenio Montero Ríos, nacido en Santiago de Compostela en 1832 en el seno de una familia “de apretada economía” –por decirlo con la afortunada condensación expresiva de José Antonio Durán, aunque, tal vez, no tan pobre como el propio personaje se jactaba retóricamente, luego de sus años de formación y de asentamiento académico–, se afincaría en Pontevedra, en su palacio-residencia de Lourizán, donde transcurre la etapa decisiva de su decurso político vital.

Con el apoyo del abogado y acaudalado emprendedor de origen asturiano instalado en Pontevedra Francisco-Antonio Riestra Vallaure, el joven Montero Ríos alcanzaría a ser diputado en 1869 por esta circunscripción en las Cortes Constituyentes, iniciando su brillante carrera política; en esta ciudad, donde el humilde río Lérez se convierte en espléndida ría al abrazarse al Océano, en la etapa de la “Restauración”, iba a ser, como ha escrito Fortes Bouzán, “la figura de mayor talla política e intelectual” de un plantel de figuras de primer orden, entre las que, además de los Riestra, el padre y su hijo, el Marqués de Riestra, se encontraban sus yernos Vincenti y García Prieto, pero también el Marqués de Vega de Armijo, los Bugallal, los Besada o Fernández Villaverde, siendo Don Eugenio el factotum de lo que dio en llamarse “el monterismo”, ese entramado de dominio caciquil del Montero Ríos de la “Restauración”, que convirtió en los años 80 del siglo XIX a su Pazo de la parroquia pontevedresa de Lourizán en la Meca de la política española —“una de las capitales veraniegas españolas”, dice Fortes Bouzán — y a él le otorgó fama de ser el “Cuco de Lourizán” por su reconocida habilidad política y don de gentes, tanto en las altas esferas en las que operaba, cuanto con los paisanos, con quienes se entendía fluidamente en el idioma gallego rural.

Estudió en la Ciudad del Apóstol, inicialmente en el Seminario diocesano, que abandonaría en 4º de Teología para cursar brillantemente Derecho en la Universidad. Se recibiría de Doctor en Derecho Canónico y Civil, en cuya ocasión leyó una memoria significativa de sus convicciones: El privilegio del fuero en las causas civiles y negocios temporales de los clérigos ¿fue concedido por los príncipes? En 1859 obtuvo la Cátedra de Disciplina Eclesiástica/Derecho Canónico de la Universidad de Oviedo, pero casi inmediatamente, en 1860, pasó a ocupar la de Santiago y en 1864 ya accedió a la Central.

Abogado ejerciente y titular de un afamado bufete, incorporado, además de en la de Madrid, también como colegial de las Corporaciones profesionales de los Abogados de Santiago y de Pontevedra, donde, como dijimos, se adscribió con el número 88 en el listado de afiliaciones, habría de desempeñar también, entre 1880-1883, el cargo de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el que le sucedería Saturnino Álvarez Bugallal.

Envuelto en los entusiasmos y confabulaciones de la Revolución de 1868, que desahució a la dinastía borbónica destronando a la Reina Isabel II, participó activamente en las Cortes Constituyentes de 1869, en las que pronunciaría un gran Discurso en la sesión del 14 de abril de ese año.

Subsecretario entonces, con el radical Ruiz Zorrilla ocupando la cartera de Gracia y Justicia, la asume él mismo en el Gobierno de Prim, en 1870 y también en 1871. Es precisamente en esta época de vorágine política y social, en la que Montero Ríos, verdadero “legislador del 70´” como le califica Cabanas, va a dejar una obra legislativa decisiva en la institucionalización jurídica de la modernidad española.

Su progresismo había quedado ya acreditado en 1861, en su Discurso de recepción a la Cátedra santiaguesa (Ultramontanismo y Cismontanismo en la Historia y en la Ciencia), que, al decir de José-Antonio Durán en su artículo de la Enciclopedia Gallega, “escandaliza al moderantismo dominante” y tanto más aún, su abierta militancia en los círculos progresistas, entrando entonces en relaciones con Romero Ortiz; pero se revalidaría, en los primeros tiempos de la Restauración canovista con su renuncia (1876) a la cátedra por discrepancias políticas y su vinculación al empeño pedagógico renovador de la “Institución Libre de Enseñanza” animado por Salvador Giner en el marco del, entonces en boga, pensamiento krausista, que tenía en Julián Sanz del Río a su apóstol hispano y que provocaba la indignación de Marcelino Menéndez y Pelayo. “El gran heterodoxo”, como titula Agapito Maestre un reciente excelente ensayo sobre esta figura señera de la cultura hispana, hace en su monumental Historia de los Heterodoxos Españoles una demoledora crítica de Sanz del Río y de sus discípulos Salmerón o Castelar, entre otros. Pero, más allá de la liviandad filosófica que sus adversarios pudieran achacar a la ideología krausista —para el eminente santanderino simple “modo alemán del eclecticismo”, que, sin embargo, diera impulso a la iniciativa cuajada en la “Institución Libre de Enseñanza”—, este pensamiento evolucionaba hacia lo que Abellán perfila como “krauso-positivismo”, es decir, la conjugación de “los planteamientos éticos originales del krausismo y la atención al espíritu científico —sobre todo, de las ciencias naturales y sociales— del positivismo”, que, explica este autor, “es lo que debe entenderse por institucionismo”, y el espíritu institucionista, andando los años y a través de una pléyade de notables personalidades distribuidas, siguiendo la clasificación de María Dolores Gómez Molleda, en tres generaciones sucesivas estrechamente vinculadas a Giner de los Ríos, dejaría como frutos relevantes de su inspiración la “Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas”—en cuyo Patronato, pese a su antigua oposición contra el krausismo, participó Don Marcelino Menéndez y Pelayo; pero ello no le evitaría la animadversión de la generación del 98 y siguientes, muy especialmente del joven Ortega y Gasset, cuya propia obra no puede entenderse sin la de santanderino, si bien ha de ponderarse adecuadamente el interés de las lecturas restaurativas que dos nombres tan opuestos como Ramiro de Maeztu y Luis Araquistáin hicieron del legado de Menéndez, como ha destacado A. Maestre—, la “Residencia de Estudiantes”, el “Instituto-Escuela” y las “Misiones Pedagógicas”.

La implicación de Montero Ríos en la “Institución Libre de Enseñanza” no fue meramente anecdótica, sino un compromiso firme con sus postulados modernizadores, ya que no sólo anduvo en la iniciativa fundadora, sino que de ella fue segundo Rector y resulta bien significativo que, en la ocasión del acto de su recepción como tal, pronunciase un Discurso sobre la Enseñanza Laica, además de que, también bajo su rectoría, se nombrase a Charles Darwin, en la época objeto de dura controversia por los adversarios del evolucionismo, profesor honorario de la Institución; dos actuaciones que claramente muestran la onda larga en que se movía su compromiso reformador, bien que su colaboración con la Institución fuera luego decreciente.

Sostuvo, asimismo, una firme lealtad y amistad y hasta relaciones de afinidad con Amadeo de Saboya, cuya candidatura al trono había apoyado y cuya carta de abdicación redactó, acompañándole en su salida hasta Lisboa; desde 1873 se mantendría apartado de la primera línea política, centrado en la atención a su importante bufete y en su cátedra de la Universidad hasta su renuncia dicha, aunque atento al devenir de los acontecimientos que discurren por la febril Primera República y los primeros tiempos de la “Restauración” borbónica, de la que se mantenía emocionalmente distante.

Pero en 1880 se suma al Partido Democrático Progresista de Ruiz Zorrilla, que, sin embargo, abandonará un año más tarde y, en 1882, funda, con Serrano, Izquierda Democrática; después, tras un transitorio acercamiento a Alonso Martínez, se alió con Sagasta en 1885, en cuyos gobiernos, ya fallecido Alfonso XII, fue dos veces Ministro de Gracia y Justicia, y una de Fomento, dando nuevo vigor a esta cartera, hasta entonces un tanto depreciada y desde la que impulsó un proyecto de redención de foros, el crédito agrícola o la creación de las Cámaras de Comercio, entre otras iniciativas. Pese a sus anteriores reticencias antidinásticas, mantuvo una relación correcta, incluso de confianza, con la Reina-Regente Doña Mª Cristina de Habsburgo-Lorena.

Fue Presidente del Tribunal Supremo en 1888 y, nombrado Senador vitalicio desde 1889, también presidió el Senado, en tres legislaturas, cargo del que dimitió en 1913, pero entre medias desempeñó la Presidencia del Consejo de Ministros en 1905.

Con patriótica responsabilidad, que el Gobierno entonces presidido por Sagasta no tenía voluntad de protagonizar, aceptó el gravoso encargo, “el doloroso sacrificio”, dirá posteriormente Montero, de la Reina-Regente de presidir la Delegación española que, en 1898, hubo de firmar el humillante “Tratado de París” impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica, que puso desventurado fin a la secular empresa civilizadora ultramarina de España, con la lacerante renuncia a los últimos vestigios que quedaban de la gloriosa epopeya nacional en Cuba, Puerto Rico y Filipinas; esta actuación supuso un pesado baldón por el clima social de la crisis y el propio Don Eugenio explicaría en unas conferencias específicas que, precisamente con el título El Tratado de París, pronunciaría años después, los antecedentes y circunstancias del desastroso acuerdo; en ellas hacía interesantes precisiones sobre el modo de la presencia hispana en América, en contraposición con la colonización anglosajona, pero, además, dejaba diáfano el sentido de su intervención en la infeliz circunstancia diplomática de la renuncia española: Se me exigió en nombre del patriotismo el cumplimiento de tan oneroso deber, y me sometí, sabiendo bien las amarguras y los dolores que me estaban reservados.

Vocal, asimismo, luego Presidente, de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación, fue igualmente Académico de la de Historia y de la de Ciencias Morales y Políticas y, como se dijo, también Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Nada extraño es, por ello, que hubiese recibido las más altas condecoraciones, como el Collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, el nombramiento de Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, Gran Cordón de San Mauricio y San Lázaro de Italia, o la Legión de Honor de Francia.

Político y jurista progresista amoldado al formato oligárquico y caciquil de la “Restauración”, Montero Ríos supo sacar en cada situación y cargo lo más acorde al sentido modernizador que informaba su trayectoria liberal.

Y, por lo demás, sin, naturalmente, restar importancia a la perversión oligárquica y caciquil del régimen político de la Restauración, objeto de las invectivas regeneracionistas y contra el que, en particular, un vehemente Joaquín Costa clamaría en su libro Oligarquía y Caciquismo, debe tenerse presente el enorme peso del ruralismo y atraso del País, de modo que resulta perspicaz la observación que hace al respecto Margarita Barral:

“Este fenómeno de clientelismo político desarrollado durante la España liberal y sobre todo durante la última etapa del liberalismo, el turnismo de la Restauración, viene a ser la variante española de un clientelismo que se estaba desarrollando por Europa como paso previo a la caída del liberalismo y al nacimiento de las democracias. Otros ejemplos serían el opportunisme francés y el transformismo italiano”.

Su labor como legislador reformista al principio del Sexenio, fundamentalmente, quedará como una de las cimas del proceso de modernización que supuso el proceso de la codificación del Derecho en España, que transcurre por el siglo XIX. Aunque, como ya quedó apuntado, no solamente destacó en esa etapa y no únicamente en el Ministerio de Gracia y Justicia, que ocuparía en cuatro ocasiones, sino también, en otras iniciativas derivadas de su paso por el Ministerio de Fomento, o las que, sin llevar su firma, reflejan, al menos, su inspiración e influencia posibilitadas por las varias altas responsabilidades desempeñadas.

Pero no era simplemente un hábil y eficiente político y fino jurista, sino persona erudita y estudiosa, de profunda formación académica, que dejó en sus doctos Discursos y artículos jurídicos claves de su labor institucional. Quede para el relato biográfico, que diversos autores le dedicaron con notable enjundia, el detalle puntilloso de su variada obra doctrinal y teórica, y permítaseme por vía de mera referencia, en lo que al tema que aquí acometemos se refiere, además de las ya citadas, mencionar, por vía de mera alusión anunciadora, tan sólo el Discurso pronunciado en 1870 en el acto de apertura de los Tribunales, relativo a dos de las leyes capitales de ese año de las que fue muñidor, la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial y el Código Penal. Dicho Discurso fue publicado con el título de Breves indicaciones acerca de las nuevas leyes relativas al derecho penal y organización del poder judicial: idea sobre la alta misión del Magistrado (“Revista General de Legislación y Jurisprudencia”, año 18, tomo 37, 1870). Si bien, como ya se ha indicado, no debe dejar de hacerse la advertencia de que su fértil inteligencia jurídica dejó otras piezas de notable interés sobre temas variados. (Continuará). @mundiario