La justicia mexicana ordena al Ejército no destruir documentos del ‘caso Ayotzinapa’
La lucha por acceder a documentos de espionaje del Ejército relacionados con el caso Ayotzinapa se aviva. Durante años, grupos de investigadores han considerado que esta información, que incluye comunicaciones interceptadas a la red criminal involucrada en el ataque a los estudiantes en 2014, es fundamental para avanzar en la investigación. A pesar de la existencia de pruebas que sugieren lo contrario, el Ejército siempre ha negado tener estos documentos. Ahora, la justicia ha intervenido para evitar la posible destrucción de evidencia.
Un tribunal federal ha emitido una orden a la Secretaría de la Defensa (Sedena) este fin de semana, instruyéndoles a no destruir ningún documento relacionado con el caso Ayotzinapa. Esta acción responde a las preocupaciones expresadas por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos sobre el destino de esta información.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que ha estado defendiendo los intereses de estas familias desde el inicio del caso, ha confirmado esta orden. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, ha estado presionando durante meses para acceder a alrededor de 80 a 90 documentos que contienen interceptaciones de comunicaciones de la red criminal Guerreros Unidos, la cual perpetró el ataque y la desaparición de los estudiantes.
El GIEI ha expresado su preocupación por la falta de cooperación de la Sedena en la entrega de estos documentos y ha presentado pruebas que demuestran su existencia. Hasta ahora, solo se han dado a conocer dos de estos documentos, encontrados accidentalmente en archivos militares por otro grupo de investigadores hace casi dos años.
Escuchas a la red criminal
Estos documentos revelaron conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos y la policía local en las que se discutía el destino de los estudiantes desaparecidos. Uno de los diálogos indicaba que un grupo de estudiantes estaba en una "cueva", y otro mencionaba la existencia de fosas donde podrían ser enterrados. Estas interceptaciones son esenciales para comprender los eventos que rodearon la desaparición de los estudiantes.
A pesar de las afirmaciones del Ejército de que ya han proporcionado toda la documentación requerida, el GIEI y otros equipos de investigación continúan insistiendo en que se están ocultando documentos importantes. Las razones detrás de este ocultamiento aún no se han aclarado por completo.
Una posibilidad es que el Ejército haya utilizado software de espionaje de manera ilegal, lo que podría ser incómodo debido a las implicaciones legales. Otra explicación podría ser la posible complicidad del Ejército con Guerreros Unidos, lo que ha llevado al arresto de varios militares, incluyendo generales. Las interceptaciones de la DEA en 2014 también señalan la posible relación entre el grupo criminal y los militares. La resistencia de la Sedena a entregar información podría estar relacionada con el deseo de proteger su reputación y evitar la exposición de irregularidades.
La orden del tribunal federal de preservar los documentos es un paso importante para garantizar que la evidencia no sea destruida y para avanzar en la resolución del caso Ayotzinapa, que ha sido un tema central en México durante años y sigue sin resolverse por completo. @mundiario
