Caso Ayotzinapa: El Gobierno mexicano asegura que un coronel ordenó ultimar a seis víctimas
La Comisión de la Verdad presume que algunos desaparecidos permanecieron retenidos contra su voluntad un par de días, hasta que un mando militar se “encargó”.
El Gobierno mexicano ha señalado abiertamente a un coronel del Ejército como uno de los autores de la desaparición de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Específicamente, el viernes pasado, la Comisión de la Verdad y Justicia que investiga el caso reveló que este mando militar era responsable directo de la muerte de seis de los estudiantes, ocurrida en 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que lidera la comisión presidencial encargada del caso, reconoció que la investigación sugiere que seis de los estudiantes desaparecidos se mantuvieron con vida hasta cuatro días tras la tragedia, ocurrida en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente. Pero que después de los hechos se ordenó que fueran ultimados y sus restos escondidos.
“También hay información corroborada con las llamadas telefónicas de emergencia del 089 por la cual seis de los 43 estudiantes desaparecidos fueron retenidos por varios días y con vida, en lo que llaman la antigua bodega, y de ahí fueron entregados al coronel, según los testimonios, quien luego se hizo cargo de los chicos”, añadió Encinas en la conferencia matutina del presidente.
Se trata de la primera ocasión en la que el Ejecutivo mexicano señala directamente a un efectivo militar, especialmente un mando, como responsable de una de las mayores tragedias del país. Si bien se había puntualizado la omisión de sus efectivos en el episodio de violencia, o que el Ejército intervino las conversaciones de la banda criminal Guerreros Unidos, supuestos autores de los asesinatos, esta es la primera vez que se habla abiertamente acerca de la participación de las fuerzas del orden en los hechos.
Desmontando la “Verdad Histórica”
Hace una semana se hizo noticia la captura del exfiscal, Jesús Morillo Karam, que lideró las diligencias entonces y es señalado de ser el “arquitecto de la Verdad Histórica”, una versión oficial de los hechos violentos que la Comisión para la Verdad y Justicia ha declarado como falseada, en la que se narraba cómo los estudiantes fueron supuestamente entregados a la banda criminal por oficiales de policía locales, estatales y federales “corruptos”, que fueron “detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula” y que sus restos fueron “esparcidos en el río San Juan”.
De hecho, la Comisión de la Verdad desmiente las declaraciones del fiscal general, y en sus conclusiones determina que se ha tratado de un “crimen de Estado”, en el que han participado directamente autoridades de las fuerzas de seguridad de municipios cercanos, del estado de Guerrero e incluso militares.
La semana pasada también se conoció la emisión de unas 83 órdenes de captura precisamente contra estos funcionarios y también para los presuntos miembros de la banda criminal. Se tratarían de 20 órdenes de arresto contra “mandos militares y personal de tropa”, para 44 policías, 14 supuestos miembros de Guerreros Unidos y unos cinco funcionarios administrativos y judiciales, pese a que en ningún momento el Ministerio Público ha detallado nombres o presuntos delitos incurridos. @mundiario
