Países en desarrollo reclaman a la UE que reconsidere su ley contra la deforestación

La ley europea contra la deforestación, que comenzó a aplicarse hace poco más de dos meses, ha despertado profundas inquietudes en varios países en desarrollo que se sienten directamente afectados por la misma. Brasil, Indonesia y otros 15 países han emitido una carta conjunta dirigida a las máximas autoridades de las instituciones comunitarias, en la que piden a la Unión Europea que reconsidere la legislación, que critican por su "carácter punitivo y discriminatorio", según un comunicado del Ministerio de Exteriores brasileño difundido este lunes.

Varios de los países firmantes ya habían expresado su descontento hace un año. Acusan a la Unión Europea de haberse mostrado "inflexible" hasta ahora y demandan la apertura de un diálogo para resolver la controversia, al tiempo que reafirman su compromiso con "las metas ambientales multilaterales".

La norma europea, que entró en vigencia el 29 de junio, es vista por sus promotores como un paso importante para evitar que el consumo en los 27 países miembros contribuya a la deforestación o degradación de la Amazonia y otros bosques tropicales valiosos. La ley prohíbe la entrada en territorio europeo de siete productos (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) y sus derivados si provienen de áreas deforestadas ilegalmente después del 31 de diciembre de 2020, que es la fecha de corte. Las empresas que deseen comercializar estos productos deben demostrar que cumplen con los requisitos establecidos.

Además de Brasil e Indonesia, la carta está firmada por diez países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), así como Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia. Los 17 Gobiernos firmantes advierten que "los pequeños productores podrían quedar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no por haber deforestado sus tierras, sino debido a su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos" por la normativa europea.

Diálogo constructivo

Dichos países solicitan a la Unión Europea que se comprometa a un diálogo constructivo antes de que la legislación comience a aplicarse en 18 meses. Durante este período, Bruselas evaluará a los países exportadores y a las regiones dentro de ellos para determinar si representan un bajo o alto riesgo, con controles más rigurosos en el último caso.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado su descontento tanto con esta ley europea como con las exigencias medioambientales adicionales al acuerdo comercial Mercosur-UE. Lula considera que estas exigencias podrían haber tenido sentido en el pasado, cuando su predecesor, Jair Bolsonaro, alentaba la deforestación en la Amazonia, pero que ya no son necesarias bajo su mandato, en el que se ha comprometido a priorizar la política medioambiental y donde la deforestación en la Amazonia brasileña está disminuyendo.

El presidente Lula ha propuesto una reunión de jefes de Gobierno de los países implicados en los próximos meses para tomar una decisión definitiva sobre el acuerdo comercial Mercosur-UE.

Los países que se consideran perjudicados por la ley europea contra la deforestación argumentan que esta norma, por sí sola, no tendrá un impacto positivo en las tasas de deforestación y podría tener efectos no deseados, como el aumento de la pobreza o el retraso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Brasil, con una gran extensión de la Amazonia en su territorio, busca liderar a los países del sur global en asuntos medioambientales y considera que la legislación europea debe tener en cuenta las circunstancias locales y los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir la deforestación. El bosque tropical amazónico, que abarca el 60% de su extensión total en Brasil, desempeña un papel fundamental en la regulación de la temperatura global y en la mitigación del cambio climático. @mundiario