La Confederación del Guadalquivir ve como “un engaño” la ley de regadíos de Doñana

La Conferencia Hidrológica del Guadalquivir (CHG), el órgano de esa cuenca fluvial dependiente del Gobierno de España, ha remitido a la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, en la que se tramita la ley de ampliación de regadíos en Doñana, su informe técnico sobre la misma. Este documento indica que la propuesta legislativa “es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”, ya que tiene por objeto “declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua”.

La CHG es una de las entidades llamadas a comparecer en la Cámara autónoma para dar su opinión sobre la norma, y como en la tramitación de la primera propuesta sobre la regularización de regadíos que quedó truncada con el adelanto electoral, se ha pronunciado a través de un informe, el cual señala que la propuesta de ley afectaría a los acuíferos de Doñana, lo que va en contra de la normativa de la Unión Europea y de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Además, es incompatible con el trasvase desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras para contribuir a garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva.

“La PDL es incompatible con el Plan Hidrológico al contradecir directamente tanto su normativa como sus objetivos […] También se sitúa al margen de la legalidad europea y de los compromisos internacionales adquiridos con la Unesco. La credibilidad del Reino de España queda fuertemente menoscabada por esta iniciativa”, reza el documento en el que se advierte de todo esto llega en un “momento especialmente vulnerable” para el Parque Nacional de Doñana por la situación de sequía extrema y el precario estado de las masas de agua subterránea del enclave.

“Resulta incomprensible”

Según el informe, “resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada, que, tras seis meses de consulta pública del Plan Hidrológico concluido el 21 de diciembre de 2021, se hicieran por parte de la Junta de Andalucía 12 alegaciones al mismo con un total de 144 páginas sin referencia alguna a ampliaciones de la superficie regable en Doñana y que dos días después, el 23 de diciembre de 2021, se presentara en el Parlamento de Andalucía la primera proposición de ley en este sentido”. El organismo señala que esto va en contra de los principios de “lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y coherencia” que la Ley de Evaluación Ambiental establece para las actuaciones de las Administraciones en materia de evaluación ambiental.

En todo caso, el dictamen no deja dudas de que la iniciativa parlamentaria “contradice de manera expresa uno de los principios en los que se basa el Plan Hidrológico del Guadalquivir”, como es el “incremento de cero regadíos, salvo ya planificados, que constituye auténtica piedra angular de la planificación hidrológica del Guadalquivir”.

“En ningún momento la Junta de Andalucía se ha opuesto a estas políticas: ni siquiera constan comentarios al respecto”, señaló la Confederación.

No cumple la sentencia del Tribunal Europeo

La CHG califica de “sorprendentes” las afirmaciones del PP de que con la nueva ley se cumple en parte la sentencia del Tribunal Europeo porque en ella se pide a España que adopten medidas para preservar el estado del acuífero y los humedales ya que con la norma se facilitará la llegada de agua superficial. “La llegada de agua superficial no es un objetivo per se, sino un modo de eliminar extracciones de agua subterránea. La presente proposición hace esto más difícil y sitúa a la Junta directamente en contra del cumplimiento de la mencionada sentencia”, concluye el organismo.

Del mismo modo, el informe advierte de que la administración andaluza se “sitúa en contra de las recomendaciones de la Unesco”, que reconoce el Plan de la Corona Norte, para contabilizar el uso agrícola con la sostenibilidad medioambiental de Doñana, aprobado en 2014, es la base fundamental para la gestión de ese espacio natural. @mundiario