Sánchez blinda a García Ortiz: el Gobierno apoya al fiscal general pese a su procesamiento
Pedro Sánchez ha sellado su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. Lejos de marcar distancias o abrir la puerta a una sustitución, el presidente del Gobierno ha apostado por una defensa sin matices: “respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España”, ha afirmado tras su encuentro con el rey Felipe VI en Palma.
Con estas palabras, Sánchez no solo envía un mensaje de confianza en García Ortiz, sino que también refuerza la estrategia de resistencia que el Ejecutivo viene aplicando desde que estalló el caso. El fiscal general, imputado desde octubre de 2024 por supuestamente filtrar datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, se convierte ahora en el primero en la historia de España en verse obligado a sentarse en el banquillo. Pese a ello, el Gobierno mantiene el blindaje político a su figura como símbolo de su pulso con determinados sectores del Poder Judicial.
La decisión de la Sala de Apelación del Supremo –adoptada por dos votos a favor y uno en contra– rechaza el último recurso de García Ortiz e implica que debe ser juzgado por su supuesta implicación en una filtración relacionada con el caso de fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador. El voto particular del magistrado Andrés Palomo, que consideró insuficientes las pruebas, no ha evitado el avance del proceso. Pese a lo delicado del momento, el Gobierno ha optado por sostener su narrativa: el fiscal es una víctima de un contexto judicial adverso tras la aprobación de la ley de amnistía.
La reacción del presidente, que ha monopolizado el foco tras su comparecencia en Marivent, confirma que la Moncloa no contempla una crisis institucional a costa del fiscal general. Fuentes del Ejecutivo sostienen desde hace meses que no cederán a las presiones y que García Ortiz no será sacrificado para calmar el malestar judicial. Solo una dimisión voluntaria por parte del propio fiscal –algo que no se vislumbra en el corto plazo– abriría la puerta a su relevo.
El Gobierno cierra filas con el fiscal general
El respaldo a García Ortiz no es nuevo. Ya en octubre, tras conocerse su imputación, Sánchez y su ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cerraron filas. El presidente del Gobierno defendió entonces que el fiscal “hizo lo que debía hacer: perseguir al delincuente y combatir el bulo”, en referencia velada al caso del novio de Ayuso. Desde entonces, la línea oficial ha sido clara: el fiscal es un “servidor público ejemplar” sometido a un proceso “injusto”.
El caso, sin embargo, trasciende lo jurídico y entra de lleno en la arena política. La negativa del Ejecutivo a revisar el apoyo al fiscal general choca frontalmente con la posición del Tribunal Supremo y de la oposición, que considera insostenible mantener a un alto cargo judicial procesado. El choque entre el Gobierno y parte del aparato judicial adquiere así una nueva dimensión, con la Fiscalía General del Estado en el epicentro de una tormenta institucional sin precedentes.
En paralelo, Sánchez ha querido disipar cualquier especulación sobre cambios en su gabinete. “No va a haber crisis de Gobierno”, ha asegurado, en una intervención que ha querido limitar a cuestiones regionales, económicas y de política internacional. Sin embargo, la imagen que deja la jornada es inequívoca: el presidente cierra filas con García Ortiz como acto de afirmación frente a lo que considera una ofensiva judicial con motivación política. @mundiario
