¿La Moncloa blinda al fiscal general y desafía a la opinión pública?
El enésimo terremoto institucional de esta legislatura ha sacudido uno de los pilares más delicados del Estado de derecho: el Ministerio Fiscal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. En cualquier democracia madura, esta noticia habría desencadenado una dimisión inmediata o, al menos, una reflexión seria sobre la conveniencia de mantener a la cabeza del Ministerio Público a una figura judicial procesada. Sin embargo, en España, lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno ha optado por sostener y blindar políticamente a quien, paradójicamente, debe velar por la legalidad desde una posición de máxima imparcialidad.
El Ejecutivo ha manifestado, a través de fuentes de La Moncloa citadas por El País, su “respaldo” a García Ortiz y su “respeto” al proceso judicial. Esta declaración, cuidadosamente redactada en términos neutros, no es inocente. En la práctica, supone avalar que un alto funcionario del Estado que se enfrentará a un juicio por vulnerar el deber de confidencialidad pueda seguir desempeñando funciones clave en la persecución de delitos, incluso mientras prepara su defensa como acusado. Esta situación, por sí sola, erosiona de forma notable la credibilidad de la Fiscalía y debilita su independencia percibida.
La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido contundente: “El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más”. Y no le falta razón. Resulta difícil explicar cómo un fiscal general procesado por divulgar información reservada puede continuar dirigiendo un organismo que debe ser, por definición, ejemplar en la protección del secreto profesional y la neutralidad institucional. La contradicción es demasiado grave como para obviarla bajo el paraguas del “respeto a la justicia”.
Lo cierto es que la posición de García Ortiz ya estaba deteriorada antes de este revés judicial. Su nombramiento, cuestionado por amplios sectores de la carrera fiscal, y sus decisiones controvertidas —algunas interpretadas como alineadas con intereses del Gobierno— ya habían debilitado su imagen como garante imparcial del Estado de derecho. El caso que ahora le lleva al banquillo, además, no es menor: se trata de una presunta filtración vinculada a una figura políticamente explosiva, el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Un contexto que tiñe el asunto de un inevitable sesgo partidista.
La respuesta gubernamental, en lugar de desactivar la polémica mediante una dimisión negociada o una suspensión voluntaria, opta por mantener el pulso con la oposición y la judicatura. Esta actitud, lejos de reforzar al Ejecutivo, le enfrenta a una tormenta política innecesaria, que alimenta la narrativa de una justicia politizada y siembra dudas sobre el compromiso del Gobierno con los estándares éticos más básicos en las instituciones.
A la oposición se han sumado otras voces relevantes. Desde la dirección del Partido Popular, Miguel Tellado ha sido tajante: “Antes de que acabe el día Álvaro García Ortiz tiene que estar fuera de la Fiscalía”. Y la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha ido más allá, calificando la situación de “vergüenza nacional” y señalando que un escenario similar “no pasa en ningún país del entorno”. Aunque esta última afirmación es discutible, no lo es el fondo de la crítica: la excepcionalidad de lo que está ocurriendo en España, con un fiscal general a las puertas de un juicio por una supuesta conducta delictiva relacionada con su cargo.
Conviene subrayar que el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la suspensión de empleo y sueldo de los fiscales procesados, aunque en este caso, García Ortiz se encuentra “en servicios especiales” y no está formalmente sujeto a la carrera fiscal mientras ostenta el cargo. Es una situación técnicamente legal, pero políticamente insostenible. No se trata solo de cumplir la ley, sino de preservar la confianza ciudadana en las instituciones.
El Gobierno, al mantener su apoyo a García Ortiz, corre el riesgo de convertir un caso judicial individual en un problema de Estado. Y lo hace por cálculo político, por no dar una victoria a la oposición, o por temor a reconocer que sus nombramientos han sido desacertados. Pero en democracia, la credibilidad de las instituciones no se defiende en trincheras partidistas, sino con decisiones ejemplares, aunque sean incómodas.
Cada día que García Ortiz se mantenga en el cargo tras el cierre de la instrucción judicial, será un día más de descrédito institucional. Y aunque el juicio aún no se ha celebrado, el verdadero veredicto —el de la opinión pública— puede llegar mucho antes. En un momento de polarización extrema y desconfianza social, sostener artificialmente figuras desgastadas es, además de un error político, una irresponsabilidad democrática. @mundiario
