El PSOE, entre Junts y la derecha: la ley de multirreincidencia reordena la mayoría del Congreso
La legislatura nacida de una investidura milimétrica vuelve a demostrar que su estabilidad depende menos de afinidades ideológicas que de aritmética parlamentaria. El desbloqueo de la ley de multirreincidencia —una de las principales exigencias de Junts— ha cristalizado en una alianza tan eficaz como políticamente incómoda: el PSOE ha sumado sus votos a los del PP, Vox y PNV para sacar adelante en comisión una reforma penal que endurece la respuesta frente a los hurtos reiterados. A cambio, los socialistas han asumido el coste de tensar su relación con Sumar y el resto del bloque de izquierdas.
La proposición de ley llevaba meses encallada. Junts la presentó en marzo de 2024 y la convirtió después en símbolo de los “incumplimientos” del pacto de investidura, hasta el punto de anunciar una ruptura con el Gobierno. El cambio de paso del PSOE se produjo cuando la legislatura empezó a materializar el bloqueo anunciado por los independentistas. Solo entonces, y en paralelo a otros gestos hacia el independentismo catalán, los socialistas optaron por priorizar esta carpeta.
La estrategia ha sido clara: aceptar enmiendas que endurecen el texto para construir una mayoría amplia y transversal que garantice la aprobación final en el Pleno tras Navidad. El resultado es una norma que queda a un paso de ver la luz y que permite a Moncloa exhibir avances ante Junts, con la vista puesta en recomponer una relación imprescindible para la supervivencia parlamentaria.
La otra cara de la moneda es la fractura en el seno del Gobierno y de la mayoría de investidura. Sumar denuncia que el PSOE ha asumido el “marco” de la derecha y un enfoque punitivo que choca con su discurso histórico sobre seguridad y política criminal. Podemos y EH Bildu van más allá y califican la reforma de “populismo punitivo”, alertando de que facilita una competición discursiva con la derecha más dura.
Qué cambia la ley y por qué genera consenso a la derecha
ERC, por su parte, adopta una posición intermedia: critica aspectos centrales de la ley, pero evita un rechazo frontal para no aparecer ajena a la alarma social por la multirreincidencia. Aun así, los republicanos subrayan el coste simbólico para el PSOE de aparecer en la misma foto que PP y Vox.
El contenido explica, en parte, la convergencia. La reforma introduce penas de prisión para quienes acumulen al menos tres condenas previas por hurto cuando el valor conjunto supere los 400 euros, y eleva el castigo hasta uno a tres años si se trata de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles. Incorpora además medidas cautelares inéditas, como órdenes de alejamiento territoriales durante la investigación para evitar la reiteración del delito.
Son cambios largamente reclamados por alcaldes —incluidos socialistas— de grandes ciudades, presionados por datos policiales que apuntan a un reducido número de delincuentes con decenas de detenciones. Ese diagnóstico ha permitido a Junts, PP y PSOE coincidir en la necesidad de una respuesta penal más severa, pese a sus diferencias de fondo.
Una mayoría funcional, no ideológica
El episodio ilustra una constante de la legislatura: las mayorías se construyen por temas, no por bloques estables. PSOE y PP han evitado escenificar un pacto formal, pero han transaccionado por separado enmiendas con Junts y han acabado respaldando el mismo texto. Para la izquierda, esta dinámica reactiva viejos fantasmas de “bipartidismo” en materias sensibles como el Código Penal.
Desde la óptica socialista, el movimiento se justifica por dos razones: la presión social por la inseguridad y la necesidad de mantener viva la legislatura. Desde la de Junts, la ley sirve para acreditar influencia real y para competir políticamente en un terreno —el de la seguridad— donde el independentismo catalán busca frenar el avance de la ultraderecha de Aliança Catalana
Con el dictamen listo para el Pleno, la ley de multirreincidencia se perfila como uno de los debates más ásperos del inicio de 2026. Más allá de su aprobación, deja una lección política: el PSOE está dispuesto a explorar alianzas transversales, incluso con todas las derechas, si eso garantiza el respaldo de Junts y la continuidad de la legislatura.
La incógnita es si este equilibrio puede sostenerse sin erosionar la cohesión del bloque progresista. La multirreincidencia ha sido el campo de pruebas; los próximos proyectos dirán si esta geometría variable es una excepción táctica o una señal de un reordenamiento más profundo del poder en el Congreso.
