El PP se lanza contra Sánchez por el procesamiento del fiscal general y traslada la pugna al Congreso
Los populares reclaman la dimisión inmediata de García Ortiz tras ser procesado por el Supremo, mientras Feijóo apunta directamente a La Moncloa al exigir el cese de “quien le daba las indicaciones” al Ministerio Público.
La crisis institucional que rodea al fiscal general del Estado ha abierto una nueva fractura en la política española. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha procesado a Álvaro García Ortiz por presuntamente haber filtrado datos fiscales del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, un movimiento que desde el PP califican como una maniobra para atacar políticamente a la presidenta madrileña. Pero el núcleo del conflicto va más allá de la figura de García Ortiz: el auto judicial recoge que el fiscal actuó por “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Y para los populares, ese hecho cambia todo.
El portavoz del PP, Borja Sémper, fue tajante: “no puede ser que el encargado de los delitos penales esté sometido a una investigación por la comisión de un delito penal; es insostenible”. No es solo una exigencia formal. Desde Génova aseguran que lo sucedido “no tiene precedentes en la historia democrática española” y denuncian que el fiscal que participe en el caso estará “sometido jerárquicamente al fiscal general” al que se va a juzgar. Sémper recordó además el célebre “¿de quién depende la Fiscalía?” que Pedro Sánchez pronunció en 2019. Hoy, esa frase vuelve como bumerán para poner en entredicho la independencia del Ministerio Fiscal y la responsabilidad última del Ejecutivo.
El propio Alberto Núñez Feijóo ha ido más allá: pide no solo el cese de García Ortiz, sino también la dimisión del presidente del Gobierno. “Es el momento de que se vayan el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones”, escribió en redes sociales. El PP denuncia que Sánchez lleva más de 40 días sin comparecer públicamente y acusan al presidente de esconderse, por lo que registraron en el Congreso una solicitud de comparecencia parlamentaria para el presidente del Gobierno, aunque para sacarla adelante se necesita mayoría simple en la Junta de Portavoces.
La situación ha encendido también al PP madrileño, que considera que García Ortiz “se ha saltado la ley que juró proteger”. La Comunidad de Madrid, en bloque, exige su dimisión. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha sido claro al exigir “la dimisión o el cese” de García Ortiz, además de la de “todos los que le han sostenido artificialmente en el cargo y le instaron a saltarse la ley”.
Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones. pic.twitter.com/UN96ydTjAV
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 9, 2025
El PP reclama explicaciones de Sánchez
La acusación no solo gira en torno a la filtración, sino a su motivación política. Isabel Díaz Ayuso ha acusado directamente al Gobierno de usar las instituciones del Estado para atacarla a través de su pareja, y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha dicho que “se va a sentar en el banquillo como presunto delincuente por valerse de su posición para perjudicar ilegalmente a una rival política”.
Pero la indignación no se limita al Partido Popular. Vox también ha pedido la dimisión inmediata del fiscal general y ha acusado al presidente del Gobierno de ser el verdadero responsable del escándalo. “Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, pero también él debería dimitir si tuviera un rastro de dignidad”, declaró José Antonio Fúster, portavoz de la formación de Santiago Abascal. Vox considera que todo encaja dentro de un plan de Sánchez para controlar el aparato judicial mediante “fiscales generales absolutamente sumisos al poder político”.
El responsable de perseguir los delitos penales está siendo investigado por la posible comisión de uno.
— Partido Popular (@ppopular) June 9, 2025
Algo sin precedentes en la historia democrática española. pic.twitter.com/PkyyYtI3iX
El PSOE y el Gobierno, por su parte, se escudan en la presunción de inocencia y descartan por ahora la dimisión de García Ortiz. Pero las explicaciones brillan por su ausencia. El silencio de Sánchez se convierte en argumento para sus adversarios, que ven en su mutismo una estrategia de resistencia para capear el temporal. Una estrategia que, a ojos del PP y Vox, solo agrava la percepción de que en España “se gobierna desde las cloacas del poder”.
En este escenario, el foco ya no está únicamente sobre el fiscal general del Estado. Está sobre Sánchez. El auto judicial del magistrado del Supremo Ángel Hurtado señala que el titular del Ministerio Público actuó bajo “indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno” con el fin de “ganar el relato”, y atribuye a la Presidencia del Gobierno “la finalidad de usar políticamente” contra Ayuso el correo filtrado de su pareja. @mundiario
