Peinado desinfla el ‘caso Begoña Gómez’ al exonerar a la secretaria general de Presidencia
La investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado sobre la actividad profesional de Begoña Gómez sumó este domingo un giro inesperado: el magistrado decidió archivar la imputación por malversación contra Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno. La decisión llegó inmediatamente después de escuchar su testimonio, que duró apenas media hora, y en el que la alto cargo detalló la estructura del personal que depende de ella —unas 250 personas— y aclaró que la asesora investigada, Cristina Álvarez, no forma parte de ese organigrama.
Con esa explicación, el juez decretó el sobreseimiento libre y cerró la vía penal contra González, descartando que hubiese cometido malversación por omisión o por permitir supuestos desvíos de funciones.
Un calendario alterado y un interrogatorio decisivo
La citación de González se produjo en un domingo atípico, después de que el juez reorganizara la agenda por problemas de asistencia de uno de los letrados. Según el auto del 5 de noviembre, la secretaria general de Presidencia fue llamada no como testigo, sino como investigada, para ser informada de los hechos que se le atribuían.
Sin embargo, el contenido de su declaración —centrado en explicar sus funciones en Moncloa y la inexistencia de relación jerárquica con Álvarez— bastó para desmontar la acusación preliminar. La Fiscalía, presente en la comparecencia, optó por no formular preguntas.
El foco vuelve a la asesora y al resto de investigados
Pese al archivo relativo a González, el procedimiento sigue avanzando. El juez mantiene imputada a Begoña Gómez por cinco delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación— y conserva como investigados al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La causa busca aclarar si la asesora Cristina Álvarez, que acompaña a Gómez desde 2018 y también figura como investigada, realizó funciones impropias de su cargo público al colaborar con la entonces directora de una cátedra de la Universidad Complutense.
Declaraciones cruzadas y un puzzle en construcción
Además de González, este domingo prestaron declaración tres testigos ya conocidos en la causa: Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense; Diego de Alcázar, presidente del Instituto Empresa; y Miguel Escassi, responsable institucional de Google.
Las preguntas se centraron en el grado de interlocución que cada uno tuvo con Cristina Álvarez. De Alcázar negó cualquier vínculo funcional; Escassi admitió haberla visto en reuniones y haber asumido que formaba parte del equipo académico; y Doadrio aportó más detalles sobre sus comunicaciones con la asesora, incluidos los 121 correos intercambiados alrededor de la puesta en marcha de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
El exvicerrector relató encuentros presenciales, comidas de trabajo con Gómez y Álvarez y dio explicaciones sobre el software que él mismo recomendó registrar al iniciar el máster asociado a la cátedra, un trámite que, según dijo, no se completó.
Una instrucción bajo fuerte escrutinio
El contexto de la causa sigue siendo extremadamente sensible. La investigación, abierta en abril de 2024, se ha convertido en un foco político y mediático permanente, y cada movimiento del juzgado se examina con lupa. El archivo de González rebaja la tensión sobre la estructura de Moncloa, pero no modifica los ejes centrales del caso, que aún debe esclarecer la actuación de la asesora y la posible influencia de las cartas de apoyo emitidas por Begoña Gómez en concursos públicos como el de Red.es.
En los próximos meses, el proceso continuará con nuevas pruebas y previsiblemente más declaraciones, mientras el magistrado trata de delimitar responsabilidades en un expediente que ha condicionado el clima institucional y que sigue avanzando bajo una presión creciente. @mundiario
