Montero descarta la ruptura del Gobierno pese a la crisis por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'
La reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha abierto una nueva crisis en el Gobierno de coalición, que en la últimas semanas ha llevado a las partes a enfrentar a la posibilidad de una ruptura entre el PSOE y Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha descartado este viernes esta posibilidad: el Ejecutivo mantiene su “voluntad” de llegar a un acuerdo pese a que haya "fuertes discrepancias" y no haya consenso sobre la norma.
La titular de Igualdad, que sigue convencida de el texto de la norma no tiene ningún fallo, ha admitido en una entrevista en RNE que desde diciembre están trabajando en hacer un cambio solo porque el presidente, Pedro Sánchez, se lo pidió expresamente.
“A petición del PSOE y el presidente estamos dispuestas a lo que sea, menos a cambiar la definición del tipo básico”, ha insistido. "Siempre contemplo todas las posibilidades. No me gustaría que el PSOE pactase con el PP volver al esquema de penas de la violencia o la intimidación y, por eso, me estoy dejando la piel desde hace meses para intentar llegar a un acuerdo", ha añadido.
Penas mínimas, punto de fricción
El punto de fricción de la negociación entre PSOE y Unidas Podemos recae en una discusión técnica sobre cómo implementar un esquema que permita subir las penas para evitar que haya condenas bajas en el futuro. El Ministerio de Justicia ha propuesto es dejar las penas como están en el tipo general, pero añadiendo en cada artículo una pena más alta, similar a la que había antes “si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación”. "De esta forma, el tipo general que ahora está de 1 a 4 años de prisión volvería a 1 a 5 si hay violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad. El de la agresión con acceso vaginal, anal o bucal pasa de los 4 a 12 años actuales a una pena de 6 a 12 años, como estaba antes, siempre que haya violencia, y así sucesivamente con todos los tipos", explica El País.
Sin embargo, el ministerio de Irene Montero defiende que esta no es una opción viable, al entender que si se introduce la violencia o intimidación como causa para las penas mayores se está desnaturalizando la ley. "Tenemos una discrepancia sobre cómo reformarla", ha insistido la titular de Igualdad, al tiempo que ha remarcado que si esas diferencias se trasladan al Parlamento, ella seguirá "peleando porque el consentimiento esté en el centro del Código Penal". "Yo creo que mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí, para tratar de proteger el principal avance feminista en los últimos 20 años".
Desde la parte socialista del Gobierno, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha deslizado que el Ejecutivo tiene la obligación de actuar y "el presidente tiene la firme convicción de que es necesario reformar la ley para evitar que se produzcan estas situaciones, aunque fuera un solo caso”.
El PSOE ha dejado claro que confía en llegar a un acuerdo, pero ha advertido de que en caso contrario presentará una proposición de ley en el Congreso para reformar la ley, aunque no cuente con el respaldo de Unidas Podemos.
“Lo vamos a hacer, a ser posible, conjuntamente. Hay que dar una oportunidad para el acuerdo”, ha reiterado la número dos de los socialistas. "Aunque muchos llevan cuatro años queriendo ver a Podemos fuera del Gobierno y queriendo hablar permanentemente de una crisis del Gobierno, vamos a seguir trabajando", ha concluido Montero. @mundiario
