'Ley del solo sí es sí': una reforma legal imperfecta que tiene el efecto contrario
En 2016 España se horrorizó por el ataque sexual de cinco hombres contra una joven en los sanfermines. Entonces el caso fue juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra dos años después y sedió una sentencia que trascendió a la indignación de la opinión pública. El tribunal califió los hechos como abuso sexual, entendiendo que no hubo violencia ni intimidación, por tal condenó a los culpables a nueve años de prisión. Esa sentencia desencadenó un debate nacional e impulsó un movimiento feminista que reclamaba la configuración del Código Penal para evitar que estos casos se repitieran.
El Tribunal Supremo llegaría a corregir la sentencia condenando a 15 años de prisión a los agresores de La Manada, pero el cambio era solicitado y esto desombocaría en una reforma legal impulsada por el Gobierno del PP. Se convocaron a cerca de 30 expertos en la comisión general de codificación para estudiar la modificación de la ley. Las conclusiones del equipo derivaron en considerar todos los delitos sexuales como “agresión”, y por tanto, eliminar la categoría de abuso, el motivo princiopal de las protestas masivas.
Tras la salida de Rajoy por una moción de censura, dejó la tarea en pausa para el Gobierno entrante. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no logró presentar la iniciativa en los once meses de mandato que tuvieron hasta que se vieron obligados a convocar unas nuevas elecciones. Luego llegaría un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que comenzaría con su andadura para sacar adelante la reforma legal.
Ahora se encargaría de gestionar el Ministerio de Igualdad, a cargo de Unidas Podemos, que presentó un texto duramente criticado por el Ministerio de Justicia, que anteriormente dirigía Juan Carlos Campo. En ese momento el organismo dirigido por Campo aseguró que la propuesta tenía muchas deficiencias jurídicas que que podían ser recurribles ante el Tribunal Constitucional, asímismo detallaban la falta de mecanismos suficientes para asegurar la aplicación de la ley y también rebajas de penas que no tenía en cuenta la jurisprudencia del Supremo.
“En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado”, criticó el entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Ante este choque entre el PSOE y Podemos, se convocó a la comisión de crisis para resolver este incoveniente. Justo después de la pausa mundial por la pandemia, Justicia había aprobado el texto final presentado por Igualdad para ser aprobado como anteproyecto en el Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020.
Un texto polémico
En el nuevo texto se contemplaba que la rebaja de penas y el agravamiento de otras para determinados casos que la legislación no contemplaba. Entonces, el Ministerio dirigido por Irene Montero explicaba que la nueva ley no era para “castigar más” a los agresores sexuales, “sino proteger mejor” a las víctimas. De igual forma, detallaban que el objetivo de la reforma estaba en desarrollar correctamente el sentido del consentimiento.
La reforma fue aprobada finalmente en agosto de este año, dos años después de que fuera presentada al Consejo de Ministros. En este tiempo ha pasado por una cantidad de filtros, entre ellos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que alertó que al rebajar las penas de los agresores, la ley podría tener un efecto de desprotección para las víctimas.
Ha sido llamativo que ningún órgano haya alertado sobre la disposición transitoria que se pone cada vez que se modifica el Código Penal y permite evitar efectos indeseados en la revisión de sentencias. El PP como oposición criticó la medida pero no habló de la disposición, tampoco lo hiceron Consejo Fiscal ni el Consejo de Estado, o las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado. No ha pasado desapercibido que el PSOE y Podemos si incluyeron esa disposición en la tramitación de la reforma del delito de sedición.
La respuesta de Montero
La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue entrevistada por la cadena Ser, donde fue consultada al respecto y su respuesta fue que no lo vieron necesario. “Estaba tan claro que se cumpliría con la jurisprudencia, y que si las penas impuestas formaban parte de la horquilla del rango nuevo de penas no se revisarían a la baja, que no se vio necesario incluirlo”, subrayó. Según Montero, ninguno de los organismo y ministerios que participaron en la elaboración de la ley le indicaron “que tendría que ser necesaria una transitoria”. @mundiario
Irene Montero: "No me cabe duda de que quizá hay gente que está pensando en que ese es el tema: erosionar al Ministerio de Igualdad. Erosionar al Gobierno feminista que está siendo capaz de hacer avances significativos en los derechos de las mujeres" pic.twitter.com/5Js0Sklqin
— Hora 25 (@hora25) November 16, 2022
