La Fiscalía solicita investigar los contratos de Podemos con Neurona y cierra otras causas
El Ministerio Público cuestiona los contratos del partido con la consultora para las elecciones del 28 de abril. La compañía, de origen mexicano, está vinculada ala izquierda latinoamericana, y contó con uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, entre sus empleados.
La Fiscalía Provincial de Madrid se pronuncia por primera vez sobre la causa de Podemos y solicita al juzgado de instrucción número 42 que abra diligencias contra la formación por los contratos con la empresa Neurona.
En ese sentido, el magistrado ha planteado que solo siga adelante con las pesquisas relacionadas con la contratación de la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019.
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El resto de cuestiones, añade, se basan en “rumores, sospechas o suspicacias” o “ni siquiera existen indicios” que demuestren la existencia de hechos delictivos. La formación liderada por Pablo Iglesias ha reiterado insistentemente en su inocencia. Incluso, el presidente Pedro Sánchez, aunque declaró su respeto a la independencia judicial, mostró en el “terreno político” su “total confianza y apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo” tras la imputación del partido y de varios miembros de su cúpula. “Como siempre, estamos a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren. La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito”, ha dicho por su parte Iglesias. La averiguación inició luego de que Calvente, que trabajó como abogado de Podemos desde 2014 a 2019, denunciase ante el juez toda una serie de presuntas irregularidades.
Al respecto, el magistrado Juan José Escalonilla decidió comenzar a recabar pruebas sobre los ejes de la denuncia del ex letrado de la formación: supuestos delitos de malversación y administración desleal en contratos firmados para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de “sobresueldos” a través de complementos; y en la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales. Además del acceso sin permiso al disco duro de una empleada.
Según el Ministerio Público, el resto de acusaciones debe decaer; si bien pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de la transparencia, “es claro que no revisten caracteres de delito”. Entre ellos, enumera el escrito: el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, que denunció Calvente; o los supuestos complementos salariales de los que hablaba el antiguo abogado. @mundiario
