Santos Cerdán sale de prisión: el Supremo ve reducido el riesgo de destrucción de pruebas
El juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, ha decidido conceder la libertad provisional a Santos Cerdán, uno de los acusados en el caso Koldo, la trama de corrupción relacionada con adjudicaciones de obra pública. Según el magistrado, el riesgo de destrucción de pruebas se ha mitigado, por lo que ya no está justificada una medida tan “excepcional” como la prisión preventiva.
La decisión llega poco después de los registros efectuados la semana pasada en varias empresas vinculadas a la red, entre ellas las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, así como en el domicilio del exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini. El magistrado subraya que el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) ha “robustecido” los indicios contra Cerdán, pero considera que estos ya no justifican su encarcelamiento.
Medidas sustitutivas: comparecencias y retirada de pasaporte
En lugar de la prisión preventiva, Puente ha impuesto a Cerdán medidas menos restrictivas: deberá presentarse cada quince días en el juzgado y tiene prohibido salir del territorio nacional, con su pasaporte retirado. Estas condiciones buscan equilibrar la necesidad de asegurar su presencia en el proceso con el principio de proporcionalidad en la aplicación de coerciones procesales.
Cerdán había sido el único acusado en prisión en esta causa, que gira en torno a una supuesta red corrupta que amañaba adjudicaciones de obra pública durante la etapa en la que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes. El ex secretario de Organización del PSOE estaba detenido en la prisión de Soto del Real desde el 30 de junio. Sus defensores habían denunciado un “agravio comparativo” frente a otros investigados —como el propio Ábalos o su exasesor Koldo García— que seguían en libertad.
Papel clave y riesgo de destrucción de pruebas
Según los investigadores, Cerdán tenía un papel de “cierta preeminencia” en la trama: se encargaba de interlocuciones con los pagadores, de conocer quién más cobraba y de poner en marcha mecanismos para ocultar, alterar o destruir pruebas sobre los pagos ilícitos. Fue esa capacidad central la que justificó inicialmente su prisión preventiva.
Sin embargo, Puente señala que, tras las intervenciones recientes, los riesgos se han reducido. Además, el plazo legal para su encarcelamiento llegaba al 30 de diciembre, y el magistrado había anunciado que no esperaba agotar esa fecha límite. @mundiario
