Igualdad minimiza el fallo de las pulseras antimaltrato con el PP a la ofensiva
La polémica en torno a las pulseras antimaltrato, dispositivos diseñados para garantizar la protección de mujeres víctimas de violencia de género, ha abierto una dura confrontación política. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tratado de restar gravedad a los fallos registrados en 2024 durante la migración del servicio a un nuevo proveedor, mientras que el Partido Popular acusa al Ejecutivo de ocultar una brecha de seguridad que habría derivado en absoluciones y sobreseimientos.
En declaraciones desde Valladolid, Redondo insistió en que “no hay fallo en las pulseras, que han funcionado en todo momento y siguen funcionando”. La ministra aseguró que el problema fue “mínimo y puntual”, derivado del traspaso del servicio de Telefónica a Vodafone, y que quedó resuelto en diciembre de 2024. Según subrayó, “ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada” y el sistema “protege y salva vidas a diario”.
Redondo matizó que la incidencia afectó únicamente a la descarga de datos utilizada como prueba en procedimientos judiciales, sin implicar la liberación de agresores. “Ni es el único medio de prueba ni supuso excarcelaciones”, aseguró. También recalcó que cuando se detectaron fallos en la transmisión de datos, trabajadoras del sistema acudieron a los juzgados a declarar, garantizando así que la protección de las víctimas no se viera comprometida.
Desde el PP, la versión es muy distinta. El vicesecretario de Igualdad y Educación, Jaime de los Santos, llamó personalmente a la ministra para solicitar el número de agresores beneficiados por el fallo. La respuesta, según fuentes del PP, fue que Redondo “no pudo concretar” la cifra. Este hecho ha llevado al principal partido de la oposición a registrar iniciativas en el Congreso y el Senado, así como a forzar una votación para reprobar a la titular de Igualdad.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, elevó el tono acusando al Gobierno de “negligencia de enorme gravedad”. Recordó los errores en la aplicación de la ley del “solo sí es sí” y sostuvo que el Ejecutivo está “tan absorbido de defenderse a sí mismos que ya no defienden a quien más lo necesita”. Para Feijóo, el fallo de las pulseras y su gestión revelan un patrón de incompetencia que “pone en riesgo la seguridad de las víctimas”.
Advertencias previas e informes contradictorios
El debate se intensificó tras revelarse que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ya había alertado en enero de 2024 de los riesgos que entrañaban las nuevas pulseras. Informes del centro de control Cometa, encargado de gestionar estos dispositivos, confirmaron problemas de localización, cobertura y batería durante al menos ocho meses. En algunos casos, incluso se advirtió a los juzgados de la imposibilidad de instalar nuevos dispositivos temporalmente.
El Ministerio de Igualdad sostiene que estos informes responden a incidencias puntuales y que el sistema hoy funciona con normalidad.
La controversia por las pulseras antimaltrato no es solo técnica, sino también política y social. Mientras el Gobierno intenta transmitir confianza en el sistema, la oposición cuestiona la transparencia y exige responsabilidades. El choque se produce en un contexto de alta sensibilidad tras los errores legislativos de la ley del “sólo sí es sí” que derivaron en rebajas de penas por delitos sexuales, lo que alimenta la percepción de fallos acumulados en las políticas de protección a las mujeres.
La Fiscalía General del Estado, que en un inicio alertó de “sobreseimientos y fallos absolutorios” vinculados a las incidencias, matizó después que “las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron”. Una corrección que no ha bastado para disipar la polémica ni para detener la ofensiva política del PP.
En el centro del debate quedan las víctimas, que deben confiar en un sistema cuya eficacia ha sido cuestionada. Redondo pide “tranquilidad y confianza” y asegura que “ninguna mujer con pulsera ha quedado desprotegida”. Sin embargo, los informes filtrados y las críticas judiciales dibujan un panorama de dudas que amenaza con minar esa confianza. @mundiario
