Feijóo y Abascal intensifican contactos mientras Vox retrasa los pactos autonómicos
Durante días, la conversación se mantuvo bajo llave. Hasta que Alberto Núñez Feijóo la confirmó públicamente. El líder del PP habló con Santiago Abascal tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, y no era la primera vez. Ya habían mantenido una llamada tras los comicios de Aragón del 8 de febrero. El mensaje de fondo es claro: el contacto entre ambos partidos se está consolidando al más alto nivel mientras siguen pendientes tres gobiernos autonómicos clave.
En política, cuando los teléfonos suenan, suele ser porque las matemáticas electorales mandan. Y en este caso mandan mucho. El PP necesita a Vox para cerrar investiduras y estabilizar ejecutivos, pero Vox, fortalecido por su crecimiento electoral, alarga los tiempos y endurece el discurso. Es un pulso calculado. El socio potencial marca el ritmo porque sabe que el otro no tiene alternativas reales.
El poder del calendario como herramienta política
Feijóo insiste en que “no se puede defraudar a la gente” y apela a la necesidad de dar estabilidad institucional. Pero la estabilidad no depende solo de voluntad, sino de estrategia. Vox entiende que retrasar acuerdos desgasta al PP, lo obliga a ceder espacio simbólico y transmite la idea de que la derecha ya no gira en torno a Génova, sino que necesita permiso.
El ejemplo más evidente es Extremadura. Tras la conversación entre ambos líderes, se produjo una reunión formal en Mérida el 25 de marzo. Allí se avanzó en la investidura de María Guardiola, aparentemente desbloqueada, aunque pendiente de flecos. Sin embargo, incluso cuando el pacto parece inevitable, Vox sigue estirando la cuerda, amparándose en interrupciones como Semana Santa y en el cálculo de beneficios políticos.
Las exigencias que van más allá de lo autonómico
El problema no es solo el reparto de consejerías. Vox ha introducido exigencias de carácter ideológico que exceden competencias autonómicas, como rechazar el Pacto Verde europeo, frenar Mercosur o combatir lo que llaman “sustitución demográfica”. También plantean “prioridad nacional” en sanidad y cuestionan políticas educativas con acusaciones de adoctrinamiento.
Feijóo intenta marcar límites señalando que un presidente autonómico no puede ir contra legislación española o europea. Es un argumento jurídico razonable, pero políticamente insuficiente. Porque Vox no está negociando únicamente medidas, está negociando el marco mental del debate público, intentando que ciertas ideas entren en las instituciones como si fueran normales.
Y en ese terreno, cada silencio pesa. Cada matiz tibio se convierte en una puerta entreabierta.
Sanidad e inmigración el terreno donde se mide la brújula moral
El punto más delicado aparece con la sanidad universal. Feijóo se ha mostrado contrario a que las personas inmigrantes en situación irregular accedan plenamente al sistema sanitario más allá de urgencias o maternidad. Argumenta que regularizar presionará los servicios públicos. Es un razonamiento frecuente, pero incompleto.
La sanidad pública no funciona como una barra libre, funciona como un dique de contención social. Cuando se limita el acceso a la atención primaria, se empuja a la gente a llegar más tarde y peor a urgencias, lo que suele ser más caro, más caótico y más inhumano. Además, en salud pública, dejar fuera a una parte de la población no reduce riesgos, los multiplica.
La discusión real no debería ser si alguien “merece” un médico, sino cómo se financia y refuerza el sistema para que no colapse. Si faltan médicos, si hay listas de espera, si la atención primaria está asfixiada, el problema no lo crea el paciente más vulnerable, lo crea una gestión que lleva años tensando el hilo hasta casi romperlo.
La derecha está construyendo gobiernos como quien levanta un puente con materiales incompatibles. Puede sostenerse un tiempo, pero cada concesión ideológica debilita la estructura. Y cuando el puente cede, los que caen primero no son los dirigentes, sino los ciudadanos. @mundiario
