La disputa por el reparto de menores migrantes: Andalucía y País Vasco frente a frente
La política migratoria en España vuelve a convertirse en un foco de fricción entre comunidades autónomas y el Gobierno central. Esta vez, el detonante es la asignación de cuotas para el reparto de menores extranjeros no acompañados, una decisión que ha enfrentado directamente a Andalucía y al País Vasco, dos comunidades con realidades muy distintas, pero que reclaman al Ejecutivo un trato equitativo en materia de inmigración.
El origen del desencuentro reside en el criterio de reparto aplicado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene en cuenta ratios de población y el reconocimiento de territorios con efecto frontera. Esta fórmula ha dejado prácticamente fuera del cupo a Euskadi y a Cataluña, lo que ha provocado el malestar del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, quien considera que su comunidad, puerta de entrada de migración desde África, sufre un trato desigual frente a Euskadi, a la que se le reconoce “de facto” un papel de frontera norte.
El discurso de Moreno ha sido tajante: Andalucía, con más de 600 plazas de acogida y una ocupación crónica por encima del 90 %, debería tener reconocido el estatus de frontera sur de Europa. “No tiene sentido que nosotros que somos frontera sur de Europa y estamos a 14 kilómetros del continente africano no se nos considere frontera y al País Vasco sí”, criticó el barón del PP.
“¿Cuántos emigrantes entran desde Europa al País Vasco? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuántos van en patera cruzando desde Francia al País Vasco? Ninguno, porque lo que hacen normalmente los inmigrantes es irse a las zonas donde hay más desarrollo económico, o bien Francia, Alemania, Bélgica, no se produce al revés”, dijo el presidente andaluz.
Según los cálculos del Ministerio de Juventud e Infancia, la ratio nacional exige que Andalucía debería disponer de hasta 2.827 plazas, muy por encima de las actuales. Para la Junta, este desfase evidencia que el modelo es injusto, pues no considera la presión migratoria histórica que soporta la región ni la saturación de su sistema de protección de menores.
Euskadi defiende su esfuerzo en la acogida
La consejera andaluza de Inclusión Social, Loles López, fue más allá al acusar al Gobierno de “provocar una guerra entre comunidades autónomas” y de utilizar a los menores migrantes como “mercancía política”.
El lehendakari, el jeltzale Imanol Pradales, respondió con un tono más conciliador, pero firme en la defensa del papel del País Vasco. Recordó que en los últimos seis años 40.000 migrantes cruzaron por el paso de Irún, que Francia mantiene bajo fuerte vigilancia, lo que convierte a Euskadi en un punto de tránsito significativo. Actualmente, sus recursos atienden a 859 menores no acompañados.
Pradales telefoneó personalmente a Moreno para rebajar la tensión, pero también para puntualizar que Euskadi nunca ha recibido un reconocimiento formal de “frontera norte”. “Qué más nos gustaría”, ironizó, subrayando que, si bien Andalucía merece el estatus de frontera sur, no se debe cuestionar la solidaridad vasca.
El dirigente del PNV insistió en que este tipo de debates requiere “hace falta menos ruido, más trabajo y más diálogo” y pidió colaboración entre comunidades, recordando que la inmigración interna de menores no es nueva y que muchas veces son trasladados por redes que los llevan hacia territorios con mejores recursos de acogida.
El papel del Gobierno central: equilibrio o agravio
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se alineó con las críticas al presidente andaluz, su rival de cara a las elecciones autonómicas, acusándolo de mentir al hablar de un supuesto privilegio vasco. Según Montero, el reparto responde a criterios técnicos y no políticos, y Andalucía debería mejorar sus sistemas de protección en lugar de trasladar la responsabilidad al Gobierno.
En este escenario, el Gobierno intenta sostener un discurso de solidaridad interterritorial, pero el malestar es evidente. Andalucía denuncia un agravio frente al País Vasco, mientras que Euskadi rechaza que su compromiso sea cuestionado. @mundiario
