Canarias aprieta a Sánchez para destrabar el traslado de menores migrantes a la Península
La crisis migratoria en Canarias vuelve a situar al archipiélago en el centro de la agenda política española. La reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote, ha dejado un sabor agridulce: cordialidad institucional, sí, pero sin compromisos concretos. Y mientras tanto, la presión de las islas aumenta. Canarias insiste en que el Estado debe cumplir de forma urgente con la orden del Tribunal Supremo y acelerar el traslado de los menores migrantes no acompañados hacia la Península.
Clavijo apuntó que el ritmo de traslados “es demasiado lento”. Según denunció, en lo que va de año han llegado más menores no acompañados de los que han salido hacia otras comunidades autónomas. La consecuencia directa, según el propio presidente canario, es el hacinamiento en los centros de acogida, que lejos de mejorar, se agrava semana a semana.
El último operativo apenas trasladó a cinco niñas, mientras que en total solo se han producido dos derivaciones desde que el Tribunal Supremo obligara al Estado a hacerse cargo de al menos 1.000 menores. Una cifra que, al ritmo actual, tardaría más de un año en cumplirse, lo que resulta insostenible para Canarias.
Sánchez evitó dar plazos o presentar un plan concreto, más allá de mantener la colaboración y el compromiso de seguir trabajando con Canarias. Sin embargo, Clavijo exigió más. Aseguró que La Moncloa no tiene una estrategia clara y recordó que distintas ONG ya han comunicado que “hay plazas en la Península”. “Si el Gobierno de Canarias es capaz de hacerlo y las tiene ubicadas en la península, el Ministerio y el Gobierno de España imagino que podrán hacerlo con mucha más capacidad que nosotros”, reprochó.
El presidente canario, además, vinculó el apoyo de su partido, Coalición Canaria, a un futuro decreto que incluya las grandes demandas del archipiélago: desde la reconstrucción de La Palma y la bonificación fiscal del 60 % del IRPF, hasta el coste de la atención a menores migrantes y la defensa de los fondos europeos para las regiones ultraperiféricas.
El Gobierno central apela a la complejidad del proceso
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió la posición del Ejecutivo. Explicó que los traslados requieren protocolos garantistas que respeten los derechos de los menores: acompañamiento legal, aceptación de los traslados, derecho a escolarización y un dispositivo de personal suficiente. “No es sencillo. Nosotros también querríamos que fuera mayor el ritmo”, justificó.
Torres anunció que esta semana se producirán dos nuevas derivaciones y convocó una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a finales de mes, en la que espera que participen todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular.
El pulso político complica aún más el proceso. Varias comunidades gobernadas por el PP —Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, principalmente— rechazan el reparto y han presentado recursos judiciales contra el decreto aprobado en el Congreso. El discurso de Isabel Díaz Ayuso, muy crítico con la acogida, ha encendido el debate y ha llevado al Gobierno a pedir “reflexión” a los populares.
Mientras tanto, en Canarias se teme que la confrontación partidista agrave aún más la situación de miles de menores que siguen llegando a las costas.
Canarias no puede esperar. Con más de 5.000 menores bajo tutela, el archipiélago advierte que la capacidad de acogida está desbordada y que el Estado debe asumir su responsabilidad sin más dilaciones. La reunión con Sánchez, aunque cordial, deja la sensación de que las soluciones siguen sin llegar. Canarias insiste en que no se trata de un debate político, sino de una cuestión humanitaria urgente que requiere hechos y no solo compromisos. @mundiario
