Canarias endurece su discurso contra el Gobierno por el retraso en el traslado de menores
La tensión política entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central ha escalado a un nuevo nivel tras la última reunión sobre el traslado de menores migrantes solicitantes de asilo desde las islas hacia la Península. La causa inmediata: la demora en cumplir con una orden del Tribunal Supremo que, desde marzo, obliga al Estado a acoger a más de un millar de estos menores en centros peninsulares en un plazo de apenas diez días.
Cinco meses después, solo diez jóvenes han sido trasladados —este lunes, a Asturias— y el segundo envío, previsto para esta semana, se ha aplazado. Para Canarias, la situación es insostenible. Para el Ministerio de Inclusión y Migraciones, el proceso avanza con éxito y cuidado. Entre ambos discursos se despliega un conflicto que combina elementos jurídicos, logísticos y políticos, y que amenaza con prolongarse.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias de Canarias, Sandra Rodríguez, ha calificado la última reunión como improductiva: “no ha servido para nada”, declaró. Su principal reproche al Gobierno central es doble: la ausencia de un protocolo claro para las derivaciones y la falta de un calendario estable. Sin estos elementos, sostiene, las salidas se programan de forma improvisada, con notificaciones de última hora y sin definir acompañantes ni fechas concretas. “No puede ser que la maquinaria del Estado sea más lenta que la maquinaria de una comunidad autónoma como la canaria”, insistió la funcionaria del Ejecutivo de Fernando Clavijo.
A esto se suma que, según Canarias, el Ministerio ha reducido la cifra prevista de menores en cada traslado de entre 15 y 20 a entre 10 y 15, lo que podría alargar el proceso hasta un año. El Gobierno autonómico teme que la dilación perpetúe la saturación de su sistema de acogida, que ya alberga a más de un millar de estos menores.
El Estado defiende su gestión
En contraste, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que el arranque del plan “ha sido un éxito”. La ministra Elma Saiz argumenta que la demora responde a la necesidad de adaptar espacios de titularidad estatal pensados para adultos a las necesidades específicas de los menores. Añade “no es lo mismo atender a un adulto que a un menor; y dentro de los menores también hay diferentes perfiles, no es lo mismo una niña que pueda venir y que pueda tener redes en otras comunidades autónomas o países próximos, que un niño que venga absolutamente solo”.
Además, el Ministerio sostiene que los traslados deben realizarse con “exquisitez y cuidado al interés superior del menor” y ha ofrecido reuniones técnicas diarias con Canarias para seguir el proceso. Saiz, sin embargo, no ha ahorrado críticas a las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, acusándole de “deslealtad” y de “faltar a la verdad” al hablar de improvisación.
El auto del Tribunal Supremo del 25 de marzo dio al Gobierno 10 días para acoger a 827 menores migrantes solicitantes de asilo procedentes de Canarias. El incumplimiento reiterado motivó que el alto tribunal advirtiera en junio sobre posibles medidas coercitivas —incluidas multas y una eventual denuncia penal— si no se cumplía la orden.
El procedimiento exige que ambas administraciones informen quincenalmente al Supremo sobre los avances. Aunque al principio lo hacían conjuntamente, en el último reporte cada una presentó su propio balance, señal de que la cooperación institucional atraviesa un momento delicado. Canarias ya ha adelantado que en el próximo informe detallará lo que considera incumplimientos del Gobierno central.
La dimensión social y política del conflicto
Más allá de los aspectos técnicos, el traslado de menores migrantes es un asunto altamente sensible. La ministra Saiz ha recordado que estos jóvenes “son niños que huyen, que son perseguidos” y ha pedido a la sociedad, a las comunidades autónomas y a los medios tratar la información con la discreción que requiere su protección. En este sentido, el Gobierno ha optado por no revelar públicamente los destinos para evitar posibles hostigamientos, después de que se retirara una pancarta con “simbología nazi” en contra de su llegada.
El choque entre Canarias y el Gobierno central se produce en un contexto de presión migratoria en las islas, donde el número de llegadas ha aumentado y el sistema de acogida está al límite. El conflicto también pone a prueba la coordinación interinstitucional y la capacidad del Estado para cumplir órdenes judiciales en plazos perentorios, sin sacrificar el cuidado y la seguridad de los menores implicados.
🎥Elma Saiz ha pedido respeto para los menores solicitantes de asilo que han sido trasladados desde Canarias a la península tras haber tenido que retirar, en menos de 24 horas, una pancarta "nazi" en Gijón que pedía su expulsión pic.twitter.com/PllJg5HFnE
— Público (@publico_es) August 12, 2025
El debate de fondo enfrenta dos prioridades legítimas pero difíciles de conciliar: la urgencia de cumplir con un mandato judicial y aliviar la presión sobre Canarias, y la cautela necesaria para garantizar que los traslados respeten el interés superior de cada menor, en un procedimiento logísticamente complejo y jurídicamente sensible.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, el Supremo mantiene la lupa sobre el caso y los menores siguen esperando una solución que, en teoría, debería haber llegado hace meses. @mundiario
