El Supremo lanza un ultimátum al Gobierno: 10 días para hacerse cargo de mil menores migrantes
El Tribunal Supremo ha emitido un auto que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de 1.200 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, que hasta ahora permanecían bajo la responsabilidad de los servicios de protección de menores de Canarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo canario y ha establecido un plazo improrrogable de diez días para que el Estado garantice la incorporación de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
La resolución judicial responde a la crisis humanitaria que afronta Canarias, que ha visto desbordadas sus capacidades de acogida ante la llegada masiva de menores no acompañados. Según los datos proporcionados por el Gobierno canario y ACNUR, entre enero de 2023 y noviembre de 2024 se registraron 546 menores solicitantes de asilo, a los que se suman 325 que habían manifestado su intención de solicitarlo y otros 350 en espera de formalizar su petición. En total, más de 1.200 menores cuya situación ha llevado al Ejecutivo autonómico a exigir la intervención del Gobierno central.
La decisión del alto tribunal destaca que el acceso de estos menores al sistema estatal de acogida es un derecho que el Gobierno no ha garantizado hasta el momento, pese a la responsabilidad que le atribuye la legislación de asilo. Los magistrados han recordado que, según el real decreto 220/2022, la Secretaría de Estado de Migraciones es la encargada de gestionar este sistema. Asimismo, han subrayado que la situación de hacinamiento en la que se encuentran estos menores en Canarias es “incompatible con el interés superior del menor”, principio que debe prevalecer en cualquier actuación.
El auto del Supremo también advierte sobre la concurrencia de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de protección de menores. Si bien la legislación autonómica atribuye a Canarias la tutela de los menores no acompañados, la condición de solicitantes de asilo sitúa su atención dentro del ámbito de competencia estatal. Por ello, el tribunal ha determinado que el Estado debe garantizar su acceso a los dispositivos nacionales de acogida, sin perjuicio de la colaboración autonómica.
El Gobierno central estudia su respuesta
El Ejecutivo ha reaccionado con cautela a la resolución judicial. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado que los servicios jurídicos de los ministerios implicados están analizando el auto para determinar las acciones a seguir.
Sin embargo, el real decreto ha generado tensión política, ya que la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la medida como un “imposición unilateral” y ha defendido que la gestión de los menores debe realizarse con consenso entre todas las autonomías.
Canarias celebra la decisión judicial
Desde Canarias, el presidente Fernando Clavijo ha celebrado el auto del Supremo, afirmando que “ratifica” y demuestra que “las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales, eran necesarias”. Clavijo ha acusado al Gobierno central de haber “abandonado” a la comunidad autónoma en la atención de estos menores y ha exigido que el Estado asuma “de inmediato” sus responsabilidades. “Veníamos hablando de la vulneración de los derechos, y de la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad”, ha dicho el líder nacionalista canario en declaraciones a los medios.
La decisión del Supremo podría sentar un precedente en la gestión de los menores migrantes no acompañados en España, particularmente en lo que respecta a la responsabilidad del Estado en los casos de solicitantes de asilo. La medida cautelar dictada por el tribunal podría derivar en un replanteamiento del actual sistema de acogida y en una mayor implicación del Ejecutivo en la distribución de estos menores.
Por el momento, el Gobierno central tiene diez días para garantizar el acceso de estos menores al sistema estatal de acogida y para informar al Supremo sobre las medidas adoptadas. En función del cumplimiento de esta orden, el tribunal decidirá si convoca una vista pública para evaluar la situación. Mientras tanto, el debate sobre la gestión de los menores migrantes sigue abierto, con posturas enfrentadas entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. @mundiario
