Canarias y el Gobierno central ultiman los criterios para el reparto de menores migrantes
El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Juventud e Infancia han alcanzado un principio de acuerdo para la distribución de aproximadamente 4.400 menores migrantes no acompañados acogidos en el archipiélago y en Ceuta. La ministra Sira Rego y el presidente canario, Fernando Clavijo, anunciaron este jueves que trabajan en la aplicación de una fórmula basada en criterios como la población, la renta per cápita y el número de menores migrantes acogidos en cada comunidad en los últimos años.
El sistema de reparto propuesto combina la metodología consensuada previamente entre el Gobierno canario y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con los criterios empleados en distribuciones extraordinarias anteriores, aunque en menor escala. Esta propuesta busca garantizar un reparto equitativo y aliviar la presión sobre los territorios más saturados. Sin embargo, los cálculos finales aún no están definidos y deberán ajustarse antes de su aprobación definitiva.
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que comunidades como Cataluña y el País Vasco podrían quedar excluidas del reparto o recibir un número reducido de menores.
Ambas comunidades han asumido un esfuerzo de acogida significativamente mayor en comparación con otras comunidades. Cataluña cuenta actualmente con cerca de 4.000 plazas para menores migrantes, lo que representa el 24 % de la capacidad de acogida en toda España, mientras que el País Vasco dispone de casi 1.500 plazas, superando en 500 la capacidad que le correspondería según los criterios establecidos.
El acuerdo depende de Junts y el PNV
Desde el Ministerio de Infancia y el Gobierno canario han negado que Cataluña y el País Vasco estén siendo excluidos de manera deliberada del reparto. Argumentan que la aplicación de criterios objetivos podría derivar en un esfuerzo menor para estas comunidades, dado el compromiso que ya han demostrado en materia de acogida. En una situación similar se encontraría Baleares, cuyo sistema de acogida se encuentra tensionado debido al incremento de llegadas desde Argelia en los últimos meses.
El acuerdo aún debe ser validado a nivel parlamentario, un proceso que se anticipa complejo. Con la oposición frontal del Partido Popular y Vox, el Ejecutivo necesitará el respaldo de formaciones independentistas como Junts y el PNV para sacar adelante la medida. El objetivo inicial del Gobierno era modificar la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de distribución permanente, pero la falta de consenso ha llevado a la búsqueda de una solución excepcional mediante un real decreto ley. Actualmente, el Ejecutivo espera el dictamen de la Abogacía del Estado para determinar la viabilidad legal de esta vía.
Ante la posible aprobación del decreto, fuentes del Partido Popular han adelantado que recurrirán la medida ante el Tribunal Constitucional. Desde la formación conservadora han criticado el modelo de reparto, calificándolo de “asimétrico e injusto” y alegando que responde a “criterios políticos” más que a una necesidad de distribución equitativa. “País Vasco y Cataluña también son España y no pueden ser excluidos de este proceso”, han afirmado.
La crisis migratoria sigue siendo un desafío para España, especialmente en autonomías como Canarias y Ceuta, donde los recursos de acogida están al límite de su capacidad. El acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas será clave para garantizar una respuesta eficaz y solidaria ante esta situación, evitando que la sobrecarga de algunas regiones comprometa la atención y el bienestar de los menores migrantes. @mundiario
