Sánchez trata de aplacar el malestar de Canarias por la parálisis del traslado de menores migrantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido interrumpir su descanso estival en Lanzarote para reunirse el próximo lunes 18 de agosto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro marcado por la creciente tensión entre ambas administraciones debido al traslado de menores migrantes desde las islas hacia la Península.
La cita, programada para las 16.30 horas, se desarrollará en un clima político enrarecido. El conflicto se centra en la derivación de alrededor de un millar de menores solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo central acoger hace casi cinco meses, con un plazo inicial de apenas 10 días. Desde entonces, solo se ha producido el traslado de los primeros 10 jóvenes, y el segundo grupo previsto para esta semana —otros 15 adolescentes— ha sido suspendido por lo que el Gobierno atribuye a “problemas administrativos”.
En las últimas horas, el intercambio de declaraciones ha intensificado el pulso político. Clavijo acusó al Gobierno de “improvisación” y de no mostrar una voluntad clara para crear las plazas necesarias en el sistema de acogida peninsular. “Estamos descorazonados, porque si al Tribunal Supremo tampoco se le hace caso, no sabemos lo que va a ocurrir”, lamentó el presidente canario.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, respondió acusando a Clavijo de “deslealtad” y de faltar a la verdad en sus críticas. Sin embargo, el dirigente autonómico se mantuvo firme. “Si lo que busca el Gobierno de España es sumisión y complicidad para vulnerar los derechos de los menores, no lo va a encontrar en el Gobierno de Canarias ni en mi persona”, zanjó el barón canario.
Una orden judicial que avanza lentamente
El retraso en el cumplimiento de la orden del Supremo es solo una parte del problema. La segunda vía prevista para aliviar la presión sobre el sistema canario —la distribución de menores entre comunidades autónomas mediante una ley aprobada en abril— tampoco ha entrado en vigor. Hasta 11 gobiernos autonómicos, en su mayoría del Partido Popular, han recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional. Incluso el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado un recurso.
La falta de consenso ha paralizado un mecanismo que, en teoría, permitiría repartir a más de 5.000 menores no acompañados actualmente en Canarias. Según adelantó Clavijo, el Ejecutivo central prevé aprobar el 28 de agosto el decreto que fijará la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, un paso clave para dimensionar el sistema y avanzar hacia una distribución equitativa.
En la agenda del encuentro figuran, además de la crisis migratoria, asuntos relacionados con la agenda canaria, cuestiones presupuestarias y compromisos ministeriales pendientes. Clavijo ha expresado su esperanza de que esta vez los acuerdos sean “ejecutados y cumplidos”, recordando que los compromisos asumidos en la última reunión bilateral en La Palma “no se han cumplido”.
El Gobierno central, por su parte, ha asegurado que “en los próximos días” se producirán tres nuevos traslados de menores solicitantes de asilo y ha pedido “colaboración y lealtad institucional” para que el proceso se lleve a cabo con discreción y protegiendo la intimidad de los jóvenes. @mundiario
