El comisionista Luceño comunica al juez que no puede pagar la fianza

El empresario Alberto Luceño, socio de Luis Medina en el ‘Caso mascarillas’, y el aparente mayor beneficiado de la presunta estafa por material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, no puede pagar la fianza de más de cuatro millones de euros que le impuso el juez que instruye la causa, más allá de los bienes que ya se le han incautado.

En un documento que le fue remitido al titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, la defensa del empresario Luceño explica al juez “muy respetuosamente”, que actualmente el comisionista presenta una “imposibilidad” para cumplir con la fianza impuesta, “sin perjuicio de los demás bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados, si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud del Ilustrísimo Juzgado”.

El juez Carretero impuso el martes un plazo de 48 horas a Luceño para que abonara 4.023.966,94 euros, que le quedan para saldar la fianza que el imputado debe cumplir por su presunta fortuna obtenida a raíz de tres contratos por la compraventa del material sanitario del Consistorio valorados en 11 millones de euros. La Fiscalía Anticorrrupción cree que Luceño se embolsó más de seis millones de euros de los contratos por comisiones.

El dinero de las cuentas corrientes de Luceño y algunos de sus bienes han sido embargados ya. El juez sólo ha podido incautar una mansión de lujo en Pozuelo de Alarcón en Madrid valorada en 1.1 millones, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros. Pero estas cifras se quedan todavía muy distantes de los seis millones que requiere la Justicia, por lo que Luceño debe pagar más de cuatro millones de euros para saldar su deuda.

En una declaración anterior, el investigado había alegado que sus fondos fueron invertidos en gastos corrientes, ello evitó que el juez le imputara el cargo de alzamiento de bienes, como a Medina, quien sí desvió el dinero de sus cuentas corrientes a pesar de que estaba siendo investigado por Anticorrupción.

Piden imputación de Elena Collado

La funcionaria municipal Elena Collado, responsable de ventas del Consistorio y la persona que firmó los contratos con San Chin Choon, el empresario malayo de la empresa asiática con la que se acordó la compraventa de las mascarillas, tests y guantes que resultaron con precios inflados y de calidad cuestionable., debía comparecer el próximo 9 de mayo en los juzgados, pero su declaración ha sido suspendida.

El Grupo Mixto del Legislativo municipal pidió que Collado fuera imputada en el proceso penal, por lo que el juez ha suspendido la toma de su testimonio hasta que se resuelva si la funcionaria comparecerá en calidad de testigo o como investigada, como solicita las formaciones políticas personadas en el caso. @mundiario