El juez imputa al empresario Luis Medina por alzamiento de bienes

Luis Medina, empresario investigado por el 'Caso mascarillas'. / RR.SS.
Luis Medina, empresario investigado por el 'Caso mascarillas'. / RR.SS.

El titular del juzgado también ha bloqueado las cuentas bancarias del comisionista Alberto Luceño, cuyo dinero encontrado tampoco satisface la deuda con la administración.  

El juez imputa al empresario Luis Medina por alzamiento de bienes

El ‘caso mascarillas’ prosigue tomando medidas cautelares para resarcir la deuda que tienen los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, con la administración pública, por haberse embolsado entre cinco y seis millones de euros en comisiones tras presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid “en lo peor de la pandemia”, en marzo de 2020 con la adquisición de mascarillas y otros insumos con sobreprecio que la Alcaldía capitalina habría comprado desde Asia.

El juez que instruye la causa, Adolfo Carretero, ha resuelto imputar a Luis Medina, el empresario que habría contactado al Consistorio aprovechando una supuesta amistad con el primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, por un delito de alzamiento de bienes y le impone una fianza de 891.000 euros, que deberá abonar en un plazo de tres días.

El delito por presuntamente haber transferido u ocultado los bienes que se supone la Justicia debía embargarle a Medina, se añaden a la lista de cargos por estafa agravada, blanqueamiento de capitales y falsedad documental de los cuales ya estaba siendo acusado. Su socio, Luceño, también estaría siendo contemplado por los tribunales para que le sea imputado el mismo delito socioeconómico.

El juez no pudo embargar a Medina después de que, al intervenirse sus cuentas bancarias, se encontraran apenas 247 euros. Sí se le logró arrebatar un yate valorado en 325.515 euros, pero el dinero aún no cubre la deuda de más de un millón 200.000 que debe ser saldada. La Fiscalía Anticorrupción, a petición de presentar una medida cautelar ordenada por el juez para resarcir la deuda, ha pedido que Medina abone una fianza de mínima de 891.227 euros para completar el dinero requerido por la Justicia.

Tampoco logran embargar a Luceño

Por su parte, Alberto Luceño ha corrido con una suerte similar a la de su socio. En un auto emitido por el tribunal, se da constancia de que el 8 de abril se congelaron las tres cuentas bancarias pertenecientes a Luceño, en las que se encontraron un total de 129.140,42 euros. El dinero bloqueado fue encontrado, en su mayoría, en la cuenta corriente de una empresa propiedad del investigado, conocida como Takamaka Invest SL, donde Luceño, como apoderado, disponía de 119.397 euros.

En la segunda cuenta se encontraron 1.300 euros, mientras que en la tercera 8.377. Por lo tanto, el dinero bloqueado es incluso menor a la cantidad que le fue embargada a Medina a través de la incautación del yate, por lo que el juez estaría contemplando imputarle el delito de alzamiento de bienes también.

Varios medios de comunicación reportan que, habiendo ofrecido declaraciones al fiscal, ya los empresarios debían saber o estaban al tanto de su estatus de investigados en las pesquisas de Anticorrupción, pero que, aun así, transfirieron sus bienes deliberadamente.

El juez expuso que dos de los coches de alta gama que Luceño compró (un Range Rover y un Lamborghini Huracan Eco Spiderque), ya no están en su poder, y por lo tanto ha pedido nuevas propuestas de medidas cautelares en un plazo de cinco días, donde reclama que se incluya el registro de la vivienda de lujo que puso a nombre de su empresa en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Todos estos bienes los habría adquirido a raíz del dinero de las comisiones.

El empresario ‘escurridizo’

Como lo reseñó Televisión Española la mañana de ayer, este sujeto “escurridizo”, San Chin Choon, es el empresario malasio que actuó como presunto representante de la empresa asiática Leno, con la que el Consistorio realizó la compra por el material sanitario. Su firma figura en los tres contratos acordados: mascarillas, tests y guantes cobrados con un sobreprecio que Anticorrupción cifra sobre el 400 %.

Sin embargo, la identidad de este hombre y su paradero son un misterio que la Justicia española no ha logrado resolver, por lo que se puso en contacto con las autoridades de ese país asiático. Tanto el juez como las partes han recibido un documento, en el que la Fiscalía de Malasia asegura que el empresario se ha negado a colaborar, al no prestar una declaración de su participación en la gestión con la empresa municipal.

“Conseguimos identificar y localizar al sujeto San Chin Choon pero, como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración”, puesto que, “una declaración solo será grabada si la persona accede a hacer la declaración”, explica el jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalía malasia, Ramesh Gopalan. @mundiario

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